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Sistema penitenciario

Actualizado el 18 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Sistema penitenciario

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Uno de los eslabones más débiles en el abordaje del tema de la seguridad ha sido el sistema penitenciario. Mejoras en los sistemas policial y judicial no fueron acompañadas por las necesarias reformas y mejoras en el sistema penitenciario, lo que nos podría pasar una cara factura social si no tomamos medidas para corregirlo.

Es paradójico que positivas herramientas como el procedimiento abreviado en casos de flagrancia, el aumento en el número y eficiencia de policías y jueces, que nos han permitido avanzar hacia una justicia más pronta y cumplida, a su vez nos colocan ante un sistema penitenciario en estado de peligrosa crisis.

Como se ha señalado en publicaciones recientes, Costa Rica pasó de tener un Sistema Penitenciario modelo para América Latina y el Caribe, a otro con grandes carencias en recursos financieros y humanos, tecnología e infraestructura y cada vez más lejos de la tutela de los derechos humanos

La punta del iceberg de ese cambio: 37.60% de sobrepoblación penitenciaria, un número alto per se, pero resulta más serio si lo comparamos con el año 2008, cuando era del 1%, o el 2009 (9.80%). Tomemos en cuenta que el 37.60% es una media nacional, y el caso más grave es el centro Zurquí, con un 324% (adulto joven).

El nivel de alerta va más allá de esas alarmantes cifras si consideramos, además, que los privados de libertad menores de 35 años representan el 59.5% de la población total. Clara señal de que hay un grupo en la sociedad sin oportunidades, al que se debe atender para evitar que caiga en la delincuencia. Un reto social de mediano y largo plazo.

Celebrar que los jóvenes que delinquieron estén tras las rejas porque “mejora” la seguridad es una terrible miopía. Hay que tomar las medidas adecuadas para su positiva reinserción en la sociedad. Cuidado, los años carcelarios pueden convertirse en verdaderas universidades de conductas antisociales, odio, resentimiento y creación de peligrosas redes criminales, como sucedió en otros países de la región.

Lo paradójico es que, como en el caso de muchos otros problemas nacionales, hay soluciones, que si bien parciales, son de fácil e inmediata aplicación y ayudan a paliar la situación, en espera de más recursos y un enfoque integral. ¡Pero cómo cuesta su implementación a pesar de que las autoridades se manifiestan a favor!

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Estoy consciente de que este no es un tema “sexy” ni electoralmente atractivo. Sin embargo, a las puertas de un proceso electoral, debemos incluirlo en el debate político. Con eso podremos tener una propuesta de carácter nacional que de respuesta a un serio problema social.

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