Si la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Estados Unidos no tuviera ningún chance de pasar, no me molestaría en analizarla. Pero no es así. Las probabilidades son altas. Conviene empezar a ver sus efectos allá y en el mundo.
Aunque faltan muchos detalles, sobresale lo siguiente: reduce la tasa a las empresas del 35% al 15%; suaviza la progresividad (escala) al ingreso de las personas físicas a solo tres: 10%, 25% y 35% (actualmente, la tarifa llega casi al 40%); abandona la renta mundial para abrazar el principio de renta territorial (como en Costa Rica); elimina casi todas las deducciones de la renta bruta, incluidos intereses, excepto gastos por hipotecas para comprar casa y contribuciones caritativas; y también elimina el impuesto a las sucesiones, hoy en un 40%.
El principal efecto sería incrementar el ingreso disponible de las personas físicas y jurídicas para aumentar los gastos en consumo e inversión. Subiría la demanda agregada, estimularía el crecimiento, el empleo y los salarios (por estar la fuerza laboral cercana al pleno empleo), pero subiría el déficit fiscal y, quizás, las tasas de interés, aspectos aún no cuantificados. Mejoraría la estructura tributaria al reducir exenciones, deducciones y exclusiones, se ampliaría la base impositiva, reduciría distorsiones contrarias a la mejor asignación de recursos y mejoraría la productividad.