EscucharEl tiempo de transporte diario se ha convertido en la más elemental forma de violencia urbana y en un vívido recordatorio de la deuda de muchos gobiernos por la falta de inversión en infraestructura y la incapacidad de mejora significativa en este sector.
Las presas nos roban paz, calidad de vida y uno de nuestros activos más preciados: el tiempo. Este mal nacional nos afecta a todos, pero se ensaña, aún más, con los que deben dedicar más horas a su traslado por vivir lejos o por tener que acceder a servicios deficientes.
Ensancha también las brechas de género, pues para las mujeres el tiempo es un activo más escaso que para los hombres, ante el injusto recargo de las labores domésticas y la menor disponibilidad de horas para el descanso.
La flotilla vehicular crece exponencialmente y contamos con un rezago de 25 años en infraestructura. Celebramos el avance del 50% de un tramo de 50,5km: Cañas-Liberia, necesario e importante, pero que desnuda nuestra limitada visión y capacidad de ejecución.
Desde un fallido Instituto de Infraestructura, este gobierno apuesta erróneamente por trasladar la ejecución de obra a un ICE con experiencia en túneles y represas, pero con demostrada incapacidad en control de presupuestos y una peligrosa resistencia a la transparencia.
En transporte público, celebro las interlíneas y los esfuerzos por la sectorización en Desamparados, Curridabat y San Pedro como punta de lanza, iniciativa que podría acortar significativamente los tiempos de traslado para sus pobladores y desahogar el centro de San José. Celebro también la aprobación por el Congreso y para la firma del Ejecutivo de la ley de fortalecimiento del Incofer y del tren eléctrico interurbano de la Gran Área Metropolitana. Se trata de avances significativos, pero aún insuficientes.
Coincido con el llamado del exvicepresidente de la República Rodrigo Oreamuno porque estamos ante una verdadera emergencia nacional, a la que agregaría la reflexión compartida por el exrector del Incae Roberto Artavia: “Las naciones desarrolladas son aquellas en que hasta el más rico usa transporte público y no aquellas en que todo el mundo anda en vehículo particular”.
En momentos cuando el país merece que los actores políticos superen diferencias y vean más allá de cuatro años, un acuerdo nacional en infraestructura y transporte público es una oportunidad para romper paradigmas y demostrar que hay una fórmula diferente para gobernar.
