Liquidemos a Bancrédito

Por muchos años se ha señalado que no se justifica que el Estado sea dueño de cuatro bancos comerciales. El contraargumento ha sido que estos son rentables y que no hay razón para que el Estado se deshaga de ellos. Pero ahora tenemos en Bancrédito a una institución financiera que, tras años de malos manejos administrativos y financieros, hace agua por todas partes. En lugar de hacer lo que corresponde –que es liquidarla– la administración Solís ya indicó que hará todo lo necesario por salvarla.

El ministro de Hacienda dice que el Ejecutivo no contempla –por ahora– una inyección de capital. No es para menos, dada la aguda situación fiscal del Gobierno. Sin embargo, Fallas confirmó que una posible medida consiste en que Hacienda le compre a Bancrédito su edificio frente al Parque Central de San José, lo cual sería un salvataje solapado. Otras de las medidas planteadas implican “arrimarle” negocios estatales al Banco, no porque este los vaya a manejar más eficientemente, sino para simplemente mantenerlo medio vivo –como a un zombi–.

El presidente Solís justifica la actitud del gobierno cuando advierte sobre la pérdida de empleos que ocasionaría el cierre del Banco. Es curioso puesto que el mandatario adopta una posición más relajada cuando se anuncia el cierre de operaciones de empresas que han dejado a miles de personas sin trabajo. En esos casos, Solís ha dicho que se trata de la dinámica propia del mercado, en donde las compañías van y vienen. Pero ahora que estamos ante un ente estatal al borde de la bancarrota, la respuesta oficialista es intentar salvar esos puestos de trabajo a como dé lugar.

Pero el asunto de fondo trasciende a Bancrédito. Al anunciar que no permitirá su cierre, el gobierno está enviando una señal muy poderosa a los otros bancos estatales: ustedes también pueden incurrir en malos manejos administrativos y financieros porque el Estado terminará socorriéndolos. Esto es lo que en la jerga económica se conoce como “riesgo moral” y es, en última instancia, la principal razón por la que el Estado no debería ser del todo dueño de bancos comerciales.