¿Fiscalía política?

Acabamos de ver cómo el alcalde alajuelense, Roberto Thompson, fue detenido 44 horas antes de que la Asamblea del PLN determinara su postulación para la reelección. La orden fue dada por un fiscal adjunto que resultó ser tan cercano a la vicealcaldesa de Alajuela –una enconada rival política de Thompson– que la edil incluso había hecho lobby con los diputados para que este fuera nombrado director del OIJ (una diligencia muy extraña puesto que dicha designación recae en la Corte Suprema y no en la Asamblea Legislativa).

Lo inusual de este caso es que la víctima haya sido un político liberacionista, cuando no es ningún secreto que los dirigentes de ese partido tienden a salir muy bien parados de los rigores investigativos del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿cuántos funcionarios de la administración Chinchilla han enfrentado a los tribunales por el caso de la trocha fronteriza, donde el desfalco al erario ascendió a más de ¢20.000 millones?

Esta desidia a investigar políticos del PLN no es un fenómeno reciente. Al expresidente Calderón se le enjuició –con todo y prisión preventiva– por supuestamente recibir comisiones varios años después de haber dejado el poder, pero la Fiscalía desestimó cualquier denuncia contra José María Figueres por una situación similar. Hoy este último incluso coquetea con volver a Zapote.

En el 2005 se reportó que Rodrigo Arias habría recibido “honorarios de éxito” de un bufete por haber llamado al entonces contralor para “conocer la situación” de un contrato entre la Municipalidad de San José y la empresa EBI que había sido rechazado dos veces por la Contraloría, y que fue refrendado 12 días después de la llamada del exministro. La Fiscalía no movió un dedo para investigar el asunto.

Y mientras tres funcionarios del Movimiento Libertario enfrentan un juicio por intento de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones por ¢209 millones –en una investigación donde la Fiscalía recurrió a espectaculares allanamientos de la sede del ML con todo y arrestos– la solicitud del mismo TSE en el 2012 para investigar a 90 dirigentes del PLN por una desviación de ¢400 millones continúa “en trámite”, sin que se haya hecho un solo allanamiento o detención.

“La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”.

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.