Don Bruno Stagno sirve ahora de escudero, y de paso pretende cobrarme a mí hasta sus propios errores. Se da por aludido por el artículo en que aclaro que fue la propia Corte de la Haya la que autorizó el dragado a Nicaragua en su resolución de julio del 2009 y, por tanto, don Óscar Arias se equivoca al señalarme como responsable, igual que equivocó su norte en el caso de Crucitas. Como don Bruno escribe airado y en forma insultante, asumo que también me cobra el haber firmado él mismo su propio nombramiento de embajador y su salida del Gobierno.
Es evidente que no entendió entonces, y tampoco hoy, las implicaciones de esa resolución de la CIJ. Tampoco muchos costarricenses están conscientes aún de esa verdad histórica. Por eso he pedido a la Comisión respectiva de la Asamblea legislativa que traduzca el dictado de la Corte. Así los costarricenses podrán leerla más fácilmente y ningún diputado podrá argüir que no habla inglés o no la conocía para recomendar sanciones basadas en el “criterio de experto de don Óscar Arias”, como hizo recientemente la diputada Patricia Pérez del Movimiento Libertario.
Quienes conocemos al expresidente Arias sabemos que él es consciente de la historia y, por tanto, parte interesada en que no se estudie ni comprenda bien lo sucedido a finales de su gobierno. Fueron esa resolución de la Corte y la reiteración del Laudo de 1888 las que cambiaron las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Por eso Nicaragua nunca pidió permiso para dragar su río San Juan y el general Daniel Ortega optó por invadir territorio tico como parte de su estrategia electoral.
Ahora solo faltaría que don Bruno o don Óscar se endosen la renuncia a la construcción del canal interocéanico en el río San Juan, anunciada recientemente por Nicaragua a raíz de los fallos de la CIJ y de las consecuentes acciones de la Administración Chinchilla que cierran así una fuente de disputas fronterizas vividas durante los últimos 125 años.
Otras verdades incómodas. El abogado y escudero Rubén Hernández usa su espada y acusa que yo renové la concesión de Placer Dome en 1998 (permiso que otorgué cumpliendo con la ley de entonces).
Pero omite decir que la realidad de mi actuación fue reducir el área de la concesión, que solo se autorizó la etapa de exploración y que el proyecto feneció poco después por ser inviable económica y ambientalmente.
Ya en la campaña electoral del 2010, el tema de Crucitas comenzó a ponerse caliente. Hubo marchas, protestas y una conciencia creciente respecto a las cicatrices ambientales y sociales de la minería de oro a cielo abierto: destrucción de bosques y acuíferos, prostitución, bajos ingresos para el Estado, grandes ganancias para la empresa. Otro tema que crecía era el repudio al rol del presidente Óscar Arias para blindar la concesión minera. Ese rol se convertía en un lastre para el gobierno y la campaña de doña Laura Chinchilla.
Primero tratamos de convencer al presidente Arias de los errores legales, económicos y sociales de Crucitas. Una y otra vez funcionarios de su gobierno y especialistas ambientales nos reunimos con él para argumentarle que esa decisión destruiría su legado de “paz con la naturaleza”. Él, una y otra vez, defendía y promovía la actividad extractiva como fuente de riqueza y desarrollo.
La precampaña y la campaña del 2010 que dirigí, adoptó (inadvertido para la prensa) su propio código de conducta y estableció que “no se recibirían donaciones de casinos, ni mineras de oro”, todas ellas actividades controversiales en la coyuntura electoral. Don Óscar montó en furia y no dio por recibido el mensaje.
El presidente Arias más bien exigió que la campaña diera seguridades en privado y en público a Industrias Infinito. En unas oportunidades este servidor, en otras varios de los candidatos del PLN a diversos puestos, le dijimos a la industria minera que “respetaríamos la ley en todo su alcance, como corresponde, y que el gobierno Chinchilla no promovería una economía basada en la extracción de los recursos naturales”. Dijimos lo mismo ante la prensa y el país.
Unos meses después, la Sala III anularía la concesión de Crucitas y de ahí en adelante la historia ha sido pública. El gobierno de doña Laura Chinchilla optó por modificar la ley y prohibir la minería de oro a cielo abierto. Crucitas nunca más.
Ese fue un gran punto de tensión con el expresidente Óscar Arias. Le seguirían otros como los desacuerdos respecto a ley general de energía promovida por él y que en nuestro criterio desmantelaría al ICE. Por eso dije en mi primer artículo que Óscar Arias equivocó el norte.