Opinión

Seguridad alimentaria

Actualizado el 22 de octubre de 2001 a las 12:00 am

Urge definir las políticas económicas

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Muchos retos y oportunidades se están presentando a niveles nacional e internacional sobre los que urge adoptar decisiones de política económica. En el plano internacional, se celebró el pasado jueves en el seno de la FAO el Día Internacional de la Alimentación sin que los países miembros –incluyendo el nuestro– hayan definido una política coherente sobre la seguridad alimentaria. Actualmente 815 millones de personas padecen hambre en el mundo; la ayuda directa de los países desarrollados es insuficiente para mitigarla y las condiciones actuales de crecimiento e intercambio internacionales solo permiten disminuir la indigencia a razón de 6 millones por año. Así, se tardarían 60 años en reducir la hambruna a la mitad. Entre tanto, muchos habrán muerto literalmente de hambre.

Urge, por tanto, replantear la seguridad alimentaria en términos globales y no individuales. El planeta debe producir más y más barato, y los bienes cultivados en algún país deben estar al alcance de cualquier otro, sin barreras arancelarias o de otro tipo, para que lleguen a los consumidores al mejor precio posible. Pretender que cada país imponga su propia seguridad alimentaria va en perjuicio directo de la humanidad en el tanto disminuye la producción y consumo total, e incumple el principio supremo de la solidaridad.

En el plano interno, las autoridades políticas (de los dos partidos) insisten en cerrar las fronteras al libre intercambio de productos agrícolas y continúan aprobando leyes que subsidian indebidamente a los productores, a costillas del bienestar general. Con ello castigan a los consumidores costarricenses que, si bien no padecen hambre como en otras naciones, han sufrido una caída en su ingreso disponible por el estancamiento de la economía y la caída de las exportaciones. La seguridad alimentaria que a fuerza de presión y debilidad gubernamental se ha mantenido en Costa Rica implica una asignación de los recursos productivos muy ineficiente, tan criticable tanto como la que practican en esos mismos ámbitos muchos países desarrollados. Aquí también es necesario replantear las políticas hacia el futuro.

Al productor agrícola no se le debe proteger, pero tampoco se le debe perjudicar con distorsiones que afectan los costos de producir y competir. Una de las distorsiones con que se enfrenta actualmente proviene de las políticas crediticia, monetaria y cambiaria. Las tasas de interés, por más preferenciales que sean, son elevadas considerando la inflación y las que pagan los competidores en otros países. Las reformas bancarias aprobadas en 1995 fueron insuficientes para bajar el margen de intermediación financiera, así como las tasas activas. Urge aprobar la reforma financiera presentada por el Poder Ejecutivo. Pero esta es insuficiente. El proyecto no contempla ninguna definición sobre la banca de desarrollo para atender, precisamente, situaciones que la banca comercial en régimen de competencia es incapaz de financiar. El Banco Central ha dicho que no está dispuesto a permitirles a los bancos comerciales estatales operar bajo el derecho privado para poder competir en igualdad de condiciones con la banca privada. Pero tampoco contempla en su proyecto la privatización. ¿Esperará a que la competencia e interferencia política terminen por quebrarlos?

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En la política cambiaria también hay distorsiones por la morosidad del mismo Banco Central a ajustar el tipo de cambio real. Mientras esto no suceda, los exportadores nacionales de productos agrícolas continuarán percibiendo, en colones, un menor valor por sus exportaciones. Aquí, de nuevo, la respuesta es que "estará dispuesto a actuar si fuere necesario". ¿No es suficientemente negro el panorama actual o habrá que esperar una caída para empezar a actuar?

Finalmente, debe definirse qué se va a hacer con los subsidios, exoneraciones y demás privilegios tributarios y fiscales que disfrutan muchos productores, incluyendo los afincados en las zonas francas. Ante el advenimiento de la caducidad de las exoneraciones y subsidios en el seno de la OMC, se escogió prolongar las reformas por cuatro años más. Se desaprovechó así la oportunidad de emprender la reforma tributaria y fiscal integral que el país necesita. Esperamos que la nueva administración cambie de actitud y enfrente de lleno los retos que se han venido posponiendo.

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