El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manejó un discurso relativamente populista durante su última campaña electoral, que causó temor entre la comunidad financiera nacional e internacional. ¿Se revertirán las políticas? Después de la primera ronda electoral, su ministro de Relaciones Institucionales, Tarse Genro, anunció que había llegado el fin del rigor monetario y presupuestario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el advenimiento de políticas económicas más laxas para acomodar los programas sociales (La Nación, 31 de octubre del 2006). Sin embargo, después de la aplastante victoria obtenida en la segunda ronda electoral, en la que logró una mayoría del 60% de los votos emitidos, el propio Lula se encargó de desmentirlo (y de desmentirse). Enfatizó la necesidad de profundizar los programas sociales, pero sin abandonar el rigor fiscal y monetario.
En su última declaración dijo que su gobierno seguiría políticas económicas adecuadas para lograr un crecimiento del 5% en términos reales para reducir el desempleo y combatir la pobreza. Pero, en relación con las políticas fiscales tan cuestionadas por los partidos y políticos de izquierda, dijo textualmente: “no cambiaremos la meta de inflación, que es básica para ayudar a los pobres. Vamos a mantener la meta de inflación y vamos a trabajar por el crecimiento de la producción”. Con esas declaraciones, dadas ante varios canales nacionales e internacionales de televisión y diferentes medios de prensa escrita (La Nación, 1.° de noviembre del 2006) se restablecieron la confianza en la política económica y la viabilidad de Brasil para hacerle frente a su deuda externa, aspecto fundamental para garantizar el abundante flujo de capitales que le ha permitido evitar crisis externas y salir adelante.
Lula -presidente difiere mucho (afortunadamente) de Lula -sindicalista y candidato presidencial. Durante su primera administración, Brasil logró mantener una rigurosa política fiscal al amparo de acuerdos de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El último acuerdo (renovado) se originó durante la administración de Fernando Henrique Cardozo, motivado por la sombra de inflaciones galopantes experimentadas en el pasado y las crisis externas ocasionadas por la inflexibilidad cambiaria y excesiva deuda externa que prevalecían anteriormente. Lula renovó y honró a cabalidad el acuerdo, y evitó el resurgimiento de la inflación y el desplome de los títulos emitidos en el mercado financiero internacional, que han mantenido (con oscilaciones razonables) sus cotizaciones. La última tasa de inflación fue solamente del 4,5%, muy cercana a la prevaleciente en las plazas más desarrolladas. El problema –y los retos– se origina, más bien, en los índices sociales, que aún no han logrado mejorar.
El porcentaje del desempleo en la fuerza laboral se había mantenido relativamente controlado durante la primera parte de la década de los noventa (alrededor del 6,4%) cuando el crecimiento promedio de la producción era más elevado. Pero en el período comprendido entre el 2000 y 2004 la tasa de expansión del PIB se redujo lamentablemente y, desde luego, el desempleo subió al 9,7% (promedio), que afectó a un porcentaje creciente de brasileños. La pobreza, asociada también al desempleo y las bajas tasas de crecimiento de la producción, se ha mantenido elevada. Más de un veinte por ciento de la población vive (si eso es vivir) con ingresos inferiores a $2 al día (unos 30.000 colones mensuales), y un siete por ciento lo hace con apenas la mitad, equivalente a un $1 diario. Esos niveles de pobreza resultan intolerables para una sociedad que ha visto deteriorarse la distribución del ingreso (el coeficiente de Gini pasó de 0,58 a 0,59 y se alejó e aún más de la igualdad).
La solución a los problemas, vista con el realismo de Lula -gobernante (a regañadientes, si se quiere), no estriba en adoptar medidas de carácter populista como las que pregona la izquierda, sino en profundizar las reformas estructurales y preservar la estabilidad macroeconómica. Es muy claro que, para combatir el desempleo y la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, es fundamental incrementar (y sostener) el crecimiento de la producción. Y, para ello, se requiere incrementar la inversión, que es la fuente primaria del crecimiento económico. Pero las decisiones de inversión son fundamentalmente privadas, de nacionales y extranjeros. Por eso, deben crearse las condiciones conducentes así como las instituciones necesarias para generar confianza y rentabilidad. Al Estado le corresponde generar esas condiciones. Preservar la estabilidad es una de ellas. De lo contrario, recrudecería la desconfianza y se podría generar una crisis externa, como la que experimentó Argentina hace unos años por malos manejos macroeconómicos, sobre todo fiscales, con nefastas repercusiones sociales. Hace bien Lula en reconocerlo. Y bien harían los políticos costarricenses en prestarle atención.
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