Aunque en el mundo de las relaciones internacionales nada -o casi nada- es imposible de renegociar, hay tratados que se acercan a la categoría de lo virtualmente imposible, como el TLC. Si no se puede renegociar, si la única opción alternativa es quedar fuera del libre comercio con EE.UU. y afectar el intercambio con los demás países centroamericanos, lo mejor para el país -lo único sensato- es seguir adelante con la ratificación prevista por parte de la Asamblea Legislativa y concentrar los esfuerzos en la denominada agenda paralela y las leyes complementarias, donde queda un importante camino por recorrer. A esa conclusión hemos llegado después de analizar concienzudamente las diferentes posiciones esgrimidas por quienes defienden o adversan el Tratado.
Las razones que sustentan la virtual imposibilidad de renegociar un acuerdo ya suscrito, pero pendiente de ratificar, son variadas y de peso. En primer lugar, para poder renegociarlo, de conformidad con lo previsto en las cláusulas 19 y 22 del articulado, es menester ratificarlo primero. Si no, no hay legitimidad para modificar un tratado que no es aún vinculante para ninguna de las partes. Otras opciones de orden jurídico usualmente esgrimidas en convenios internacionales, como agregar cláusulas interpretativas o de reserva, tampoco son de recibo. Si, mediante ellas, Costa Rica hace nugatorias las disposiciones básicas del Tratado y afecta los derechos adquiridos por las partes, estas tienen derecho a oponerse y, eventualmente, denunciarlo por un incumplimiento de fondo o rompimiento total del tratado. Y eso tampoco nos conviene pues equivaldría a rechazarlo y quedar fuera.
Pero las razones más complejas y conminatorias para rechazar la iniciativa de renegociación del partido Acción ciudadana (PAC), son de carácter político. Hay que saber leer la realidad nacional e internacional. No hay ambiente ni voluntad política en los Estados Unidos ni en ninguno de los países centroamericanos, ni, tampoco, en Costa Rica, para iniciar una ardua -e incierta- renegociación de las cláusulas de fondo que causan la disconformidad del PAC, como el debido respeto a la propiedad intelectual, la apertura en telecomunicaciones y seguros (clave para la libre competencia en servicios que reclaman los Estados Unidos y la mayoría de los sectores nacionales), la comercialización regulada de genéricos y la protección a ciertos sectores agrícolas, que son políticamente sensibles para todos los países signatarios.
Recuérdese que la votación del TLC exigió un gran esfuerzo político bipartidista en los Estados Unidos y un despliegue personal del presidente Bush. Al final, se aprobó por una mayoría muy escasa en el Congreso y el Senado. Y es muy difícil que el presidente Bush, agobiado por otros temas internos y externos de mucha relevancia, como la crisis en el Medio Oriente y la reducción de popularidad en su propio país, esté dispuesto a dedicar un esfuerzo personal adicional a un tema que, desde su punto de vista, ya se negoció satisfactoriamente. Simplemente, no lo vemos.
Si el Gobierno costarricense insistiera en renegociar con su contraparte de Estados Unidos, tendría que persuadir, también, a sus demás colegas centroamericanos y de la República Dominicana. Y eso lo haría aún más complejo. ¿Qué garantía hay de que, en un esfuerzo multilateral y complicado, obtengamos mejores condiciones? ¿Por qué razón querrán los países centroamericanos renegociarlo para complacer una posición costarricense que, ni siquiera, es la del Gobierno actual ni la del recientemente electo? Ninguna. Nos podríamos quedar, como dice el refrán popular, sin Inés y sin el retrato. Y nos retrataríamos muy mal ante la comunidad internacional.