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Concesión con aval estatal

Actualizado el 15 de agosto de 2006 a las 12:00 am

Es paradójico que el Gobierno se endeude y preste recursos de la banca estatal

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En el Editorial del 30 de junio y en Buenos Días de La Nación del 3 de julio del 2006, don Armando González ataca la posición del Partido Acción Ciudadana sobre el proyecto de modificación a la Ley General de Concesión de Obra Pública. Señala que el PAC se contradice por cuanto estamos de acuerdo con la concesión de obra pública, pero no con que los bancos estatales financien a las empresas concesionarias.

Efectivamente, el PAC está plenamente de acuerdo con que ciertas obras de infraestructura se otorguen en concesión al sector privado. Compartimos el objetivo de esa figura, el cual consiste en realizar obra pública a través de empresas internacionales y nacionales que se autofinancien o que obtengan financiamiento del sector privado. Recordemos que una de las razones esgrimidas para promover la concesión fue precisamente la incapacidad financiera del Estado.

A tasas más bajas. Sin embargo, los mismos que esgrimieron ese argumento hoy quieren que el Estado por medio de sus bancos sea el que financie a los concesionarios. Resulta en extremo paradójico que hoy, mientras el Gobierno, por una parte busca préstamos en el exterior para infraestructura pública e inversión social -a tasas superiores a las nacionales-, por la otra, presione para prestar a grandes empresas los recursos de la banca estatal a tasas más bajas.

Aparte de esa, la verdadera contradicción en este caso, existe un problema aún mayor con el posible financiamiento de la banca estatal a los concesionarios. Ante reales -o inventados- desequilibrios financieros, estos estarán en posición de chantajear al Estado para que modifique los contratos en su favor. El pretexto de que, si no se suben las tarifas pactadas en el contrato de concesión, el concesionario no podrá pagar la deuda al banco estatal, pondrá en jaque a la clase política. Con tal de salvar los recursos y evitar pérdidas a los bancos estatales, los políticos tendrán que ceder y los concesionarios podrán exigir lo que les dé la gana. ¡Solo imaginemos lo que hubiese sucedido si las deudas de Alterra fuesen con un banco estatal! Hasta el PAC estaría pidiendo que se le permitan los addendums abusivos con tal de que Alterra pague al banco.

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Aval disfrazado. La realidad es que, después de una gran vuelta y de una serie de subterfugios, lo que algunos quieren es volver al punto de partida, haciendo que el Estado sea el que financia estas obras. De hecho buscan simplemente un aval disfrazado del Estado para, como ha sido costumbre de algunos, privatizar eventuales ganancias y socializar pérdidas, aun las inventadas.

Este es el origen de la posición del PAC. Quisimos utilizar las reformas a la ley de concesiones, en su mayoría positivas, para corregir ese error de la ley original. No lo logramos, pero al menos esperamos que nuestras explicaciones en la Asamblea legislativa sirvan de advertencia a los banqueros estatales de que estaremos en alerta.

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