Las organizaciones proteccionistas de las especies marinas se oponen radicalmente a las pretensiones de aquellos países que buscan incrementar las cuotas de cacería de ballenas, eufemismo por intensificación de la matanza, y presionan a los Gobiernos que, como el de Costa Rica, se presentan como proclives a la protección de la biodiversidad, para que contribuyan a mantener las actuales restricciones al arponeo industrial.
Por otra parte, la sociedad costarricense, hasta hace poco básicamente desinformada sobre el estrecho vínculo ecológico que nos une a la fauna marina, se ha tornado últimamente muy sensible ante los peligros ecológicos que amenazan a las ballenas. Eso precisamente nos hace ser respetuosamente desconfiados de cualquier argumento que se esgrima en favor del aumento de la matanza, sobre todo en cuanto se sospeche que el interés económico inmediato de las empresas y los países balleneros podría influir demasiado en la toma de decisiones de la CBI.
Después de todo, las limitaciones al arponeo se originaron en la evidencia de que la acción humana había reducido peligrosamente el número de ejemplares de muchas especies de cetáceos. De ahí que no deba verse como hostilidad hacia los países balleneros o hacia sus autoridades la duda que nos queda en cuanto a la idea, implícita en el artículo del señor embajador de Japón, de que reducir artificialmente el número de ballenas vendría a ser una contribución providencial de la especie humana al equilibrio biológico de los océanos. Hasta donde sabemos, cuando apareció sobre la faz del planeta la industriosa especie humana, los grandes cetáceos llevaban ya millones de años de existencia y bien parece que, al igual que el Diluvio, la prolongada ausencia de nuestra acción protectora de la biodiversidad contra la voracidad de la ballena no generó la despoblación de las aguas.
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