EscucharTenía dos opciones para abortar: la primera podía hacerse en una clínica clandestina en los alrededores de plaza Víquez, donde realizaban procedimientos quirúrgicos que se decían “confiables y seguros”. Su costo era de ¢1 millón y lo efectuaría un doctor cuyo nombre nunca supo.
La segunda oferta se ajustaba más a su billetera de estudiante universitaria pues, con ¢150.000 tenía derecho a un “combo” de pastillas con facultades abortivas y al seguimiento médico hasta un mes después de la interrupción.
Tras conversarlo en pareja, la muchacha y su novio escogieron la segunda opción. Llamaron por teléfono al médico; en el consultorio le dieron una especie de contraseña para asegurarse de que quien los contactaba no era un investigador ni un periodista camuflado de cliente.
Como aquello era “una carrera contra el tiempo”, quedaron de verse al día siguiente con el “contacto” en un concurrido restaurante de comida rápida en San José, donde, en pocos minutos, intercambiaron billetes por pastillas. Siguiendo las instrucciones del médico, la muchacha se tomó los fármacos. En aquel entonces, tenía 28 años de edad.
Durante los 15 días posteriores a la ingesta, la universitaria tuvo sangrados vaginales con los que se marcaba el final del embarazo que nunca se completó.
“En el momento de recibir la noticia de ‘positivo’, ni él ni yo habíamos terminado nuestras carreras y no teníamos claro nuestro futuro como pareja. Si yo hubiera tenido un hijo, habría tenido que renunciar a muchas cosas; no hubiera sido buena mamá en ese entonces”, comenta, antes de agregar que tiempo después, cuando sintió que era el momento adecuado, se convirtió en madre.
A sabiendas de que lo que hizo se penaliza en Costa Rica, esta educadora –quien abortó en el 2009–, pide que no se publique su nombre.
De acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, una mujer que cause su propio aborto será “reprimida con prisión de uno a tres años (...). Esa pena será de seis meses a dos años si el feto no ha alcanzado seis meses de vida intrauterina”.
Antes de la entrevista, la joven había compartido su confidencia con menos de diez personas. Su madre es de las que no puede llegar a enterarse: “Si supiera lo que hice, no me lo perdonaría. De alguna forma, tengo que escondérselo, aunque yo quedé tranquila con mi decisión de abortar”.
La ilegalidad y la penalización del aborto inducido en Costa Rica parecen no ser un impedimento para que muchas mujeres como esta joven recurran a vías inseguras para impedir el curso de un embarazo. Sin embargo, el hecho de que estos procedimientos se realicen en la clandestinidad, impide tener cifras exactas sobre su incidencia.
El estudio local más reciente sobre el tema es del 2007 y calcula que en el país se practican 27.000 abortos voluntarios por año. El informe fue elaborado por la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) a partir de los registros oficiales de complicaciones (presuntamente por abortos inducidos) y de abortos espontáneos (cuando el organismo interrumpe el embarazo de forma natural) atendidos ese año en hospitales públicos y privados.
El estudio llegó a la cifra de 27.000 abortos multiplicando el promedio anual de mujeres atendidas por complicaciones de aborto (8.850) por el número de quienes no van al médico tras someterse a la interrupción. La ADC llegó a esta conclusión a través de una encuesta a personal médico, donde determinaron que por cada mujer que recurre a atención profesional hay otras tres que no lo hacen.
Según datos del 2007 de la ADC, en el país se practican 38 abortos por cada 100 niños nacidos y la tasa es de 22,3 abortos por cada mil mujeres. Sin embargo, los movimientos pro vida afirman que no son tantas las personas que eligen abortar en Costa Rica y estiman que la cifra real ronda –si acaso– los 8.000 abortos anuales, pero tal apreciación se hace sin estudios locales que la respalden.
Inseguridad
Lejos del debate en el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó, en enero pasado, un estudio en la revista The Lancet que revela que las tasas de interrupciones inducidas en el mundo se mantienen desde el 2003, en 28 procedimientos por cada 1.000 mujeres. El informe explica que la mayoría de los abortos provocados suceden en los países que penalizan estos procedimientos, siendo Costa Rica uno de ellos; además, la OMS califica como “inseguros” el 95% de los abortos provocados que se realizan en América Latina.
La inseguridad es inherente a interrupciones sin las condiciones médicas y sanitarias mínimas, ni la asistencia de alguien capacitado. Marta (nombre ficticio) es un ama de casa que da fe de ello cuando narra su experiencia con incomodidad.
Su aborto sucedió hace casi 15 años, cuando tenía 16. Sin embargo, la enfermera que la llevó donde un abortista en un barrio del sur, le dio la instrucción de que dijera que era mayor de edad. Solo así le podían practicar una interrupción a las 12 semanas de gestación.
“Me llevó a una casa y ahí me acostaron sobre una cama, en una posición donde yo no podía ver lo que me iban a hacer. Ella me sostuvo fuertemente mientras el señor me metía algo por la vagina... sentía como ‘una tira’ ahí adentro. Yo gritaba como si me estuvieran matando...”
Después de eso, Marta solo recuerda que le dieron unas pastillas para dormir y la dejaron sola. “Cuando fui a orinar sentí una pelota que me bajaba y no dejaba de chorrear sangre”.
Desde entonces, dice, no ha podido sacarse las imágenes de su cabeza. “Me sentí atormentada una vez que hice consciencia de lo que había hecho”.
El caso de Sonia (nombre ficticio) es otro ejemplo de un aborto en condiciones inapropiadas. Se lo practicó a los dos meses y medio de embarazo y, pese a que ha transcurrido más de una década, la mujer aún mantiene fresco el recuerdo de aquel cuarto de motel donde interrumpió su embarazo.
“Intenté abortar varias veces tomando unas tabletas que me había conseguido un amigo de mi novio, pero me hice varias pruebas de embarazo y seguían saliendo positivas.
”Como no me funcionaban, una amiga me recomendó que me pusiera dos de las pastillas dentro de la vagina; ella se lo había hecho así y le sirvió. Esperé las contracciones sentada en el inodoro y un rato después empecé a sangrar...”, cuenta esta mujer quien hoy tiene 44 años.
En aquel momento, su novio era un hombre casado con otra mujer. Para entonces, ya era madre soltera de una niña, trabajaba en jornadas de tiempo completo y tenía un salario “ajustado”.
Todos esos factores la hicieron decantarse por interrumpir su embarazo rápidamente. Fuera de su propio pronóstico más de una década después se arrepintiría de haber abortado.
Hace dos años cayó en una depresión y en un enojo constante que la afectó en los planos sentimental, laboral y familiar.
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Al mismo tiempo, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a un bebé cayendo por un tubo sinfín y a “un chiquito de cara macabra que llegaba a buscarme una y otra vez”, cuenta.
“Recurrí a un psicólogo para que me explicara qué me estaba pasando y, con solo describirle lo que sentía, él supo que había abortado sin que yo se lo dijera”. Desde entonces recibe terapia.
Hay personas a quienes un aborto las marca por el resto de su vida, sostiene la psicóloga Alicia Quirós, quien dice haber atendido a casi 200 mujeres que abortaron.
“Muchas lo hicieron en momentos de crisis y de forma impulsiva cuando no encontraron otra solución. Tiempo después, son víctimas de un duelo patológico que no logran superar y que se caracteriza por un fuerte sentimiento de culpabilidad”.
Una corriente psicológica describe estas reacciones como “síndrome posaborto”. Abundan en remordimiento y enojo hacía sí misma, hacia la pareja que la apoyó o hacia los proveedores de los métodos para cometer el aborto.
El British Journal of Psychiatry publicó un estudio realizado entre 1995 y el 2009, en el cual asegura que aquellas mujeres que han abortado tienen un 81% más de probabilidades de sufrir problemas mentales que quienes nunca lo han hecho. El mismo documento afirma que esto también puede aumentar los problemas de ansiedad en un 34% y la posibilidad de padecer depresión en un 37%.
Según la psicóloga, algunos síntomas que se pueden presentar son: tristeza aguda, apatía, rechazo a cualquier tema relacionado con el embarazos, insomnio o hipersomnia, y hasta reacciones a nivel físico.
Ella está convencida de que los embarazos en crisis pueden atenderse a tiempo para ofrecerle a la mujer otras opciones. “El error es ver el aborto como la única solución viable”, añade.
“(A la paciente) se le da contención psicológica y emocional y se le explica que, si no quiere tener un bebé, puede esperar a que nazca y darlo en adopción”, comenta.
En esta línea, algunas fundaciones privadas que funcionan en el país, ofrecen información a mujeres para que abandonen la idea de abortar. A la vez, les comparten opciones de emprendedurismo para mostrarles una ventana alternativa como futuras madres.
Los servicios nacionales de Salud rechazan la existencia del síndrome posaborto. “La evidencia científica dice que no existe tal síndrome. Sí sucede una crisis, pero es muy diferente a algo llamado de esa forma; no podemos actuar basándonos en indicios y en la generalización”, comenta Ileana Quirós, coordinadora del Programa de Salud de la Mujer de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dos veces
Ronny (nombre ficticio) es un joven universitario graduado que vivió dos interrupciones de embarazo al lado a su exnovia. Una ocurrió en el 2008 y la segunda en el 2010.
Antes de que sucediera el embarazo, la pareja ya tenía conocimiento de varias posibilidades para una eventual intervención ginecológica.
“Nos protegíamos con el condón y el ritmo, porque mi novia no podía tomar pastillas anticonceptivas, pero en una de esas ocurrió el primer embarazo... Después de pensarlo por dos días, ella tomó la decisión de abortar y me lo planteó a mí. Yo no quería tener el bebé, pero preferí esperar a que ella me diera su criterio; yo estaba decidido a respetarlo”, comenta.
Ambos conocían a otras mujeres que se habían practicado un aborto tanto con medicamentos como con procedimientos quirúrgicos en una clínica para mujeres.
“Estábamos informados y eso lo hizo menos difícil. Sin embargo, teníamos poco tiempo para actuar porque ella tenía seis semanas y había que hacerlo (el aborto) antes de las 12”.
Tras visitar dos clínicas clandestinas, la pareja se decidió por el aborto por aspiración, con un costo de $600 (cercano a los ¢300.000).
Este procedimiento consiste en la succión del embrión a través de una cánula (un tubo de plástico hueco) que está conectado a un aspirador. Con esto, el feto es sacado del útero junto con el líquido amniótico y la placenta.
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“Uno pagaba de forma solidaria para así contribuir con los que no tenían para pagar sus procedimientos. La clínica era muy segura, pero la aspiración resultó ser muy dolorosa y mi novia estuvo convaleciente casi dos días. Por dicha, ahí nos atendía una doctora y una psicóloga.
”Para cuando tuvimos que recurrir a un segundo aborto, ya no existía la clínica donde hicimos el primero: el OIJ la había cerrado. Por eso, optamos por las pastillas que, aunque era un procedimiento más barato, tardaba más en hacer efecto”.
Ronny cuenta que él y su novia se sintieron “bastante tontos” por el segundo embarazo no planificado y se lo adjudican a un error en los métodos de planificación usados.
La pareja se casó y luego se divorció; no tuvieron hijos, pero el joven asegura que nunca hubo reproches por lo que juntos decidieron hacer en dos ocasiones. “Es que fue la decisión correcta”, insiste.
En Costa Rica, la ingesta de fármacos es el procedimiento que se practica con más regularidad, según concluyó el estudio del 2007 de la ADC. Los medios quirúrgicos no se emplean con tanta frecuencia.
El medicamento abortivo más usado es el misoprostol. Si bien se prescribe para el tratamiento de úlceras y gastritis, en la clandestinidad se usa para detener gestaciones, pues causa contracciones uterinas.
En el mercado negro, el precio de las pastillas varía entre ¢60.000 y ¢150.000, que se venden en distintas dosis. El hecho de que, en principio, solo puedan comprarse con receta médica, ha desatado una venta ilícita e irregular, incluso a través de páginas de Internet locales.
Tales sitios electrónicos dejan a la deriva a la mujer que tome los fármacos, porque no brinda ningún tipo de acompañamiento médico ni emocional.
Por tal razón, nadie tiene garantizado el éxito de un eventual aborto si recurre a estas páginas virtuales. Esto preocupa por igual a las autoridades sanitarias, a los movimientos opositores al aborto y a quienes apoyan su despenalización.
El doctor Rafael Mora Castrillo, jefe a.i. de Ginecología y Obstetricia del Hospital Max Peralta, en Cartago, explica que, en otros países, el misoprostol se utiliza para la inducción del trabajo de parto, pero en Costa Rica no está aprobado para darle ese uso.
“Si no se emplea de forma apropiada, puede provocar una hemorragia incontrolable en las pacientes o un aborto incompleto, con el que quedan restos en el útero que podrían infectarse o producir hemorragia”, explica el especialista.
El siguiente caso corresponde al registro de un aborto que llevó a la muerte a una mujer en Costa Rica.
El 30 de marzo del 2007, una menor de edad falleció por una infección causada por un aborto provocado. El documento de la defunción determina que hubo complicaciones producidas por “un aborto séptico con peritonitis aguda”.
Las pastillas no son el único método al cual recurren las ticas para abortar. Aunque cada vez con menor frecuencia, se siguen usando técnicas quirúrgicas que entrañan graves riesgos. Los registros de estos procedimientos no son nada frecuentes, máxime porque lo usual es que se realicen en medio de condiciones insalubres y con implementos inadecuados.
Sobre estos métodos, Mora asegura que “el problema de los abortos clandestinos es que casi siempre los hacen personas no profesionales y se utilizan desde varillas de paraguas hasta instrumental médico que muchas veces no está esterilizado”.
Con estas intervenciones, se pueden causar perforaciones uterinas, hemorragias severas y daños al útero que podrían impedirle a una mujer volver a quedar encinta.
Todavía menos frecuente es la ingesta de plantas con facultades abortivas entre mujeres de bajos recursos, sobre todo en las zonas rurales del país.
En el otro extremo, están las mujeres que gozan de una condición económica favorable y tienen, por ende, mayores posibilidades de viajar a otros países de la región donde los abortos inducidos no se penalizan, tales como México (Distrito Federal), Cuba o ciertos estados de Estados Unidos.
Penalización
Aunque en Costa Rica, las interrupciones de un embarazo se castigan con pena de prisión para la madre que cause su propio aborto de manera consciente, lo que sí puede variar es el tiempo de la condena.
Cuando se demuestra que el procedimiento se hizo para ocultar la “deshonra de la mujer”, el Código Penal estipula que la pena puede bajar a entre tres meses y dos años de prisión.
Por otro lado, quien le practique un aborto a una mujer sin su consentimiento también se expone a cárcel, igual que quien comercie medicinas, instrumentos y sustancias para provocar el aborto, de acuerdo con el artículo 373 del citado Código.
Con la intención de reducir los abortos inseguros, en el país siempre han existido movimientos que buscan la despenalización del aborto no en su totalidad, sino por causas específicas.
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Seidy Salas, miembro de la Colectiva por el Derecho a Decidir, afirma que la propuesta de esa entidad se centra en la búsqueda de la despenalización “para que la mujer tenga la opción de decidir cuando se trata de embarazos forzados, cuando son niñas de menores de 12 años o cuando hay un diagnóstico médico de que el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”.
Desde 1990, la iniciativa cobra protagonismo cada 28 de setiembre. Ese año, se estableció el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
La fecha impulsa una campaña por el derecho al aborto y, en el caso de Costa Rica, por el establecimiento de un protocolo médico (hasta ahora inexistente) para actuar frente a embarazos de riesgo.
“La consecuencia de que el aborto se penalice es que las mujeres que van a buscar practicarse uno, se van a ver obligadas a hacerlo exponiéndose a abusos, condiciones insalubres e inseguras y pagando sumas astronómicas”, agrega Salas.
Los detractores, más bien, aseguran que es el aborto en sí lo que lesiona a la mujer y por eso mantienen su férrea oposición a la despenalización.
Discordia eterna
En el país, el último proyecto que buscó despenalizar el aborto fue presentado por la diputada socialcristiana Nury Vargas Aguilar, en 1991. La legisladora pretendía reformar el Código Penal para que no se castigara el aborto en mujeres menores de 14 años o en los casos de embarazos por violación. No obstante, en el Congreso, la propuesta fue rechazada de manera tajante.
Desde entonces, no han habido más iniciativas que propongan la despenalización de las interrupciones voluntarias. Lo que nunca se ha interrumpido es el debate sobre el tema.
Entre los movimientos en contra del aborto, uno de los principales argumentos es que cada interrupción representa el asesinato de un ser humano. Desde su perspectiva, la vida comienza en el momento de la concepción, razón por la cual –en un embarazo– hay dos vidas y dos cuerpos. Por eso, la madre no tiene la potestad moral de decidir por ambos.
Desde esta misma postura, una eventual legalización del aborto inducido no haría más que multiplicar su incidencia y lo dejaría “por la libre”, poniendo en riesgo la salud mental y física de las mujeres que se lo practiquen.
Quienes promueven la despenalización por varias causales aseguran que con ella se evitarían los abortos en entornos inapropiados que ponen vidas en peligro.
Su crítica se centra en que el debate no debe focalizarse en estar a favor o en contra del aborto por criterios de moralidad que digan si una mujer merece ir a la cárcel por decidir sobre su cuerpo en un embarazo producto de una violación o en otros casos específicos.
Estos grupos también arguyen que es una mentira que la despenalización del aborto provocaría un aumento en su incidencia.
La ‘famosa’ pastilla
El misoprostol es un medicamento en presentación de tableta, cuyo principal uso es el de prevenir y tratar úlceras gástricas y duodenales.
Como tal, interviene en las respuestas inflamatorias y permite aumentar la secreción del moco gástrico y disminuir la secreción de ácido gástrico.
La farmacéutica Ana Guiselle Zeledón, del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, de la CCSS, advierte que –a pesar de su efectividad para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales– el médico que prescriba estas medicinas, debe alertar al paciente sobre sus efectos secundarios. Estos pueden incluir: nauseas, vómito, diarrea, dolor abdominal.
Además, la especialista explica que el fármaco no se le puede recetar a una mujer que esté embarazada ni en época de fertilidad pues provoca contracciones en la musculatura lisa y, especialmente, en la del útero. Sin embargo, es por esto mismo que en la clandestinidad la pastilla ha cobrado popularidad como abortivo, ya que las contracciones que desencadena pueden causar la pérdida de un feto en las primeras 12 semanas de embarazo.
Zeledón es enfática al recordar que ese no es el objetivo original del medicamento y que, en caso de que una mujer embarazada ingiera las pastillas y no se concrete el aborto, podría generar consecuencias negativas en el embrión.
Entre los eventuales efectos se incluyen cardiopatías congénitas, malformaciones esqueléticas y alteraciones en el sistema nervioso central que pueden derivar en retardo mental.
A nivel físico, un aborto incompleto por consumo de pastillas puede provocar deficiencia en el crecimiento del bebé durante y después del embarazo así como diformismo facial, con manifestacoines como labio leporino y paladar endido.
