Falta un año para las elecciones: ¿cómo está la cosa?

Ayer comenzó la cuenta regresiva: 365 días para que los partidos políticos elijan y anuncien sus candidatos a la presidencia, empiecen a darle forma a sus campañas electorales, pongan a sus políticos a debatir entre sí y a la ciudadanía a escoger al futuro presidente de Costa Rica.

Todavía queda mucho en el aire, aunque empezamos a escuchar sobre la precampaña de distintos candidatos y partidos políticos desde el 2015, cuando el actual mandatario Luis Guillermo Solís Rivera tenía poco más de un año de haberse instalado al frente del Poder Ejecutivo.

Un año suena como mucho, pero también se pasa rápido, máxime tomando en cuenta que la verdadera campaña política no arrancará sino hasta la segunda mitad de 2017, cuando todos los partidos hayan escogido a sus representantes.

El foro de comentarios que provee Internet ha revelado un malestar profundo en segmentos de la ciudadanía para con la clase política, y hay una serie de retos que el país deberá afrontar gobierno 2018-2022 mediante.

Analistas consultados para este reportaje señalan que muchos de esos problemas en boca del electorado deberán formar parte fundamental de los debates políticos, la propaganda electoral y el quehacer de los medios de comunicación durante los próximos 12 meses.

Antes de repasar quiénes son las personas que podrían ocupar la silla presidencial a partir de mayo de 2018, hemos de evaluar las materias más importantes a tratar en tiempos de campaña. Tanto temas como precandidatos los hay para tirar al cielo.

Más temas de fondo

Politólogos y analistas independientes de distintas ramas y corrientes políticas coinciden en algo: para encarar la próxima campaña electoral se necesita encaminar el diálogo con sustancia y sin superficialidades, porque el país enfrenta desafíos que han de resolverse sin falta en el próximo gobierno.

Con nulo afán de jerarquizar necesidades sociales y políticas, para la mayoría de los consultados hay asuntos ineludibles que deben de tratarse en campaña, como la reforma fiscal, el empleo público, el desempleo general, el régimen de pensiones, la educación y la seguridad.

El aumento en la tasa de homicidios y la sensibilidad por las penas alternativas y medidas para combatir el hacinamiento en cárceles encienden alarmas en seguridad, dice la politóloga Euge-nia Aguirre, vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

“(Se debe hablar de) una política muy bien definida que entre de lleno a combatir las causas del crimen organizado”, alega Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, en Washington, y afín al Partido Liberal Progresista, aunque no en sus filas.

En parte ligado al tema de seguridad, la politóloga y directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ilka Treminio, pone en relieve el fenómeno migratorio que le explotó en la cara a Costa Rica durante este gobierno y que debe tratarse desde la campaña.

Treminio también menciona el desarrollo de estructura vial como un asunto que puede enganchar a los electores, pero –al igual que los demás consultados– sostiene que ningún tema que tenga que ver con inversión pública puede desligarse del inevitable ‘problema sombrilla’ de la reforma fiscal.

“Ya lo ha dicho el presidente: el país está en una mala situación fiscal y si no se arregla pronto cada vez va a ser más difícil gobernar, incluso en temas como infraestructura”, afirma Marissa Batalla, comunicadora, militante y coordinadora de las juventudes del partido oficialista, e hija de la vicepresidenta Ana Helena Chacón.

“El tema fiscal es fundamental porque le da el marco general de ingresos al Estado”, dice el politólogo Gustavo Araya, profesor de maestría en comunicación de la UCR. “Hay que ordenar el tema del gasto, porque durante estas administraciones ha sido complicado llegar al balance en finanzas públicas”.

Hidalgo agrega que “hemos visto cómo los dos últimos gobiernos han pospuesto la toma de decisiones en materia de gasto”, pero que “es probable que el próximo gobierno no tenga ese lujo y que esas decisiones vayan a tener que tomarse”.

Ni la reforma fiscal ni la reforma que procura limitar pluses salariales en el sector público han logrado despegar durante la administración Solís Rivera, al igual que proyectos relacionados con el sistema de salud, de los cuales el próximo mandatario no escapará.

“Hay un margen de maniobra muy limitado para lograr avances en temas de material fiscal”, comenta Aguirre. “El gobierno que entre tendrá un panorama fiscal que la administración actual no pudo arreglar”.

La discusión sobre el fracaso del régimen de pensiones ha alzado vuelo en semanas recientes, y para la mayoría de los consultados, es un tema que sin duda debería formar parte de los discursos y planteamientos de los candidatos.

Un tema de campaña que probablemente volverá a estar presente es el de los derechos humanos, aunque a Batalla le preocupa que se trate con “más por el morbo” que por su debida defensa.

Treminio coincide: “Estos temas son solo moneda de cambio en campaña política porque nunca hay voluntad de sacarlos adelante en gobierno. Uno de los retos es que vuelva a ser tema de campaña pero no político”.

“La agenda de derechos humanos debe tomarse como una agenda ideológica y no como agenda temática que banalice la discusión de campaña, porque sino entonces vamos a tener partidos a favor de derechos pero sin compromiso ideológico detrás”, agrega la politóloga.

El papel de la prensa será fundamental para este proceso electoral, pero para estos analistas es importante recomendarle a la población que no se deje llevar por el circo mediático que rodea una campaña electoral.

“Que la discusión no gire en torno a quién asistió al tope ni quién le arrugó la cara a quién, sino que la prensa exija respuestas y propuestas específicas a estos grandes problemas y retos que enfrenta el país”, dice Hidalgo. “Esperaría que (la campaña electoral) no gire en torno a superficialidades”.

Muchos actores

La prensa ha anunciado los movimientos partidarios y los anhelos de numerosos políticos por aparecer en la papeleta presidencial. Varias personas pelean por la presidencia hasta el momento, y en las próximas semanas podrían aparecer más.

La Nación informó, a principios de enero, que 21 partidos políticos de reciente factura desean sumarse al proceso electoral, por lo que realizaron el proceso de inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A nivel nacional –es decir, que podrían presentar candidaturas al Poder Ejecutivo– surgen los partidos Ciudadanos por el Bien Común, Revolución Ideológica, Agenda Nacional, Partido Liberal Progresista y Partido de los Trabajadores, de los cuales ninguno ha anunciado precandidato y unos han manifestado que solo buscarán diputaciones en todo el país.

Partidos a nivel provincial –que solo pueden presentar candidaturas a diputados– hay 16 nuevos, entre ellos Todos, Vamos, Acción Democrática, Nuevo Partido Socialista, Unión Guanacasteca, Innovación Provincial y Vanguardia Popular.

En caso de lograr sus inscripciones, estos 21 partidos se sumarían a los 16 partidos a escala nacional y los 12 provinciales ya inscritos en el TSE, según su sitio web. Casi 50 partidos jugarán esta vez.

En contraste, el Semanario Universidad, basado en encuestas de la UCR, señala que 73% de la ciudadanía no simpatiza con algún partido.

El viernes fue el último día que el TSE dispuso para el registro de nuevos partidos a participar en las elecciones, y muchos partidos anunciarán a sus candidatos en los próximos meses, aunque algunos ya lo hicieron.

Suenan nombres

El exregidor Sergio Mena del Partido Nueva Generación no quiso esperar y anunció su candidatura presidencial en marzo del año pasado, de la mano de su “propuesta completamente nueva” y una campaña dirigida a “todos los costarricenses honestos y trabajadores que merecen un país mejor”.

Al igual que Mena, el doctor Rodolfo Hernández fue actor en las pasadas elecciones, hasta que a finales de 2013 abandonó su campaña con el Partido Unidad Social Cristiana, por diferencias con miembros de la agrupación. El exdirector del Hospital Nacional de Niños corre ahora por el partido calderonista Republicano Social Cristiano, y promete empleo por los cientos de miles.

Por otro lado, hay partidos que mantienen el silencio y otros de los que ya se rumoran precandidaturas. En el Frente Amplio, el diputado y abogado Edgardo Araya dijo que se lanzaría a la presidencia si el anterior candidato José María Villalta no lo hacía. Villalta declinó ir a las elecciones esta vez, dándole así luz verde a Araya, recordado por su exitosa lucha contra Industrias Infinito.

En el Movimiento Libertario, existió una pequeña posibilidad de que por primera vez en 16 años Otto Guevara no se lanzara a la presidencia. Manifestó el diputado que evaluaba una oferta de trabajo en el exterior, y que este fin de semana anunciaría su decisión.

El viernes, el diputado dio a conocer que sí, quiere lanzarse a la presidencia por quinta vez. Con Guevara como precandidato, el Libertario celebrará su primera convención privada, pues la diputada Natalia Díaz inscribió su precandidatura al partido en abril, y se presentó como una de las “figuras nuevas en política” que va a dar su “mayor esfuerzo”.

Díaz es la única mujer que ha presentado precandidatura hasta el momento, aunque se habla de que la diputada Epsy Campbell anunciará pronto la suya para el oficialista Partido Acción Ciudadana. El primer precandidato anunciado del PAC fue el exministro Carlos Alvarado.

Alvarado lideró la cartera de Trabajo y fue presidente del IMAS. En un principio manifestó que no buscará el continuismo del gobierno de Solís, y dos días después dijo que cree que “el proceso del cambio histórico que estamos haciendo debe seguir”.

Además, el ministro de Economía, Wélmer Ramos, renunció el jueves, en aras de lanzarse a la presidencia con el PAC, que tendrá su convención entre mayo y junio.

En el ala cristiana, en auge durante los gobiernos recientes y con cuatro diputados actualmente en el Congreso, no se ha oficializado ninguna candidatura.

Este sector incluye a políticos como Fabricio Alvarado, Gonzalo Ramírez y Mario Redondo, de los partidos Restauración Nacional, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Costarricense, respectivamente.

Convenciones gordas

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) –que durante las elecciones pasadas vio a su candidato renunciar en el camino– tiene a cuatro aspirantes a la candidatura presidencial: el diputado Rafael Ortiz, el expresidente del Incofer Miguel Carabaguíaz, el empresario y activista Gerald Murray, y el abogado Rodolfo Piza, quien sustituyera a Hernández en la candidatura abandonada de 2013.

Ortiz presidió la Asamblea Legislativa en 2015 y fue presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, y al presentar su precandidatura aseguró ser de la “corriente de mayor tradición socialcristiana”. Carabaguíaz ha enfatizado, según El Mundo CR, en su experiencia “importante” en administración pública y en el sector privado.

Murray es el líder del movimiento Cannabis Medicinal –que busca la implementación de la marihuana como medicina– y ahora busca un “cambio generacional”, según La República, tanto dentro del partido como en la política costarricense.

Piza, por su lado, ganó 6% de los votos en los comicios de 2014 y ha sido secretario general del partido en los últimos años. Al oficializar su precandidatura, se dirigió a los votantes enfatizando en su afán por crear oportunidades de empleo. El PUSC elegirá candidato en junio.

En el Partido Liberación Nacional (PLN) también se dará una competencia interna durante los próximos meses, al haber cuatro políticos con precandidatura: Sigifredo Aiza, Rolando González, José María Figueres y Antonio Álvarez Desanti.

El exdiputado y médico Aiza anunció su precandidatura bajo el lema “Yo hago la diferencia” y se pronunció en contra del proyecto de ley para limitar pluses salariales y a favor de escuchar al sector público. González es diputado actual y en noviembre hizo la promesa de liderar una campaña sin promesas y de enfocarse en crear empleos.

El expresidente Figueres piensa que su polémico pasado pesará cada vez menos en el proceso electoral, y su precampaña ha abordado temas como generación de empleos, protección ambiental y transformaciones en el sistema de transporte público.

Por su parte, en el plan de acción que el también diputado Álvarez Desanti publicó en su sitio web se pone la lupa sobre empleo, seguridad, tráfico vehicular y la modernización del sistema de salud.

La convención del PLN será en abril y la del PUSC en junio. El 4 de octubre, el TSE convocará oficialmente a las elecciones para el domingo 4 de febrero de 2018.

Nota: Este artículo ha sido editado para reflejar novedades transcurridas desde el cierre de edición de la Revista Dominical, el jueves.