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Los disputados orígenes de la reforma social en Costa Rica

Actualizado el 22 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

Hace 70 años. El origen de la reforma social costarricense es aún un tema controvertido

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Entre 1940 y 1943, Costa Rica experimentó uno de los principales cambios institucionales realizados en América Latina durante la primera mitad del siglo XX al fundarse la Universidad de Costa Rica, crearse la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobarse el Código de Trabajo e incorporarse un nuevo capítulo sobre garantías sociales en la Constitución. Esta transformación, conocida como la reforma social, se llevó a cabo durante la administración del médico Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944).

En el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el gobierno calderonista forjó una alianza político-electoral con el Partido Comunista, liderado por Manuel Mora Valverde . Esta coalición contó con el decidido apoyo del jefe de la Iglesia católica, el arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez.

Liberacionistas. Sobre el origen de la reforma social existen cinco interpretaciones básicas. En orden cronológico, la primera fue la del propio Calderón Guardia. En un folleto que publicó en 1942, destacó su propio protagonismo, en particular su viaje a Bélgica, donde realizó estudios de medicina y profundizó su conocimiento sobre la doctrina social de la Iglesia.

De vuelta en Costa Rica, el joven médico, conmovido por la pobreza y las dificultades que afrontaban muchos de sus compatriotas, asumió el desafío de ayudarlos. Con este fin se involucró en política y, una vez que alcanzó la Presidencia, impulsó los cambios institucionales ya señalados.

Frente a esta primera interpretación, los jóvenes intelectuales y empresarios que en 1951 fundarían el Partido Liberación Nacional (liderado por José Figueres Ferrer), respondieron con una versión propia, sistematizada en el libro Los 8 años , publicado por Alberto Cañas en 1955. De acuerdo con lo manifestado en esta obra, Calderón Guardia impulsó la reforma social por motivos esencialmente electorales, con el fin de recuperar el apoyo popular que había perdido debido al desorden y a la corrupción que caracterizaron su gobierno.

Posteriormente, algunos dirigentes liberacionistas, en particular el propio Figueres, acreditaron la reforma social a los comunistas.

Las tres interpretaciones restantes fueron elaboradas en la década de 1960. En 1962, Ricardo Blanco Segura publicó una biografía de Sanabria que reivindicó la participación de la Iglesia católica y del arzobispo en la reforma social.

Caricatura que ilustra las críticas formuladas por los comunistas contra Calderón Guardia. Periódico ‘Trabajo’, 20 de mayo de 1939, p. 1. Imagen: Wikicommons.
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Caricatura que ilustra las críticas formuladas por los comunistas contra Calderón Guardia. Periódico ‘Trabajo’, 20 de mayo de 1939, p. 1. Imagen: Wikicommons.

Esta versión católica de los hechos, en la que destacaron algunos reconocidos filósofos costarricenses, se dividió luego en dos vertientes. La original, representada por Blanco Segura y a la que se sumaron Guillermo Malavassi y Gustavo Adolfo Soto, se distinguió por un enfoque claramente anticomunista; en contraste, una interpretación más afín con posiciones de izquierda fue asumida por Santiago Arrieta, Miguel Picado y Arnoldo Mora.

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Versión comunista. A mediados del decenio de 1960, los comunistas tenían una versión del origen de la reforma social en la que aparecían como aliados menores de Calderón Guardia, pero entonces dieron a conocer una interpretación sorprendente. Según Mora Valverde, alrededor de 1942, al finalizar un discurso radial contra el gobierno, fue contactado por los representantes de un grupo de capitalistas para invitarlo a unirse a un golpe de Estado.

El líder comunista rechazó la propuesta y, tras reunirse con otros dirigentes de su partido, se dirigió a Casa Presidencial, informó al mandatario de lo sucedido y le ofreció el apoyo de los comunistas a cambio de que, a partir de ese momento, Calderón Guardia gobernara a favor de los trabajadores. De acuerdo con Mora, fue en ese momento cuando se forjó la alianza que posibilitó la reforma social, interpretación favorablemente acogida por diversos investigadores costarricenses y extranjeros.

Por último, a finales de la década de 1960, el abogado Óscar Barahona Streber dio a conocer una versión según la cual, por razones personales, él –entonces un joven estudiante de Derecho– se reunió con Calderón Guardia a inicios de su gobierno. En esa ocasión, el presidente le manifestó algunas inquietudes sociales, lo que motivó una extensa conversación, que se prolongó en reuniones adicionales realizadas en los días siguientes.

Según Barahona Streber, en esas conversaciones, él hizo recomendaciones para mejorar la organización de la Caja Costarricense de Seguro Social y convenció al presidente de impulsar el Código de Trabajo y las Garantías Sociales.

Intervención estatal. Ninguna de estas interpretaciones se ajusta a los hechos históricos conocidos. Por razones de contexto, lo primero que se debe destacar es que, lejos de ser un simple gendarme, el Estado costarricense, desde finales del siglo XIX, comenzó a llevar adelante una serie de políticas sociales, primero en el campo de la educación y luego en el de la salud.

En las primeras décadas del siglo XX, la acción estatal incluyó también regulaciones sobre las condiciones laborales y las relaciones entre grupos de desigual poder económico, como las existentes entre los pequeños y medianos productores de café y los grandes beneficiadores. Esta tendencia se acentuó después de 1930, en el marco de la crisis de la economía mundial, y fue reforzada por la gran huelga bananera de 1934.

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La creciente intervención estatal fue resultado tanto de la presión constante de los sectores populares como de la competencia entre los partidos políticos. Aquellas organizaciones que ganaban los comicios, una vez en el poder, debían honrar sus promesas de campaña, por lo menos parcialmente.

Dicha conexión electoral entre las demandas populares y los gestores de políticas públicas condujo a que, en la primera mitad del siglo XX –con excepción de la dictadura de los hermanos Federico y Joaquín Tinoco (1917-1919)– los gastos militares y policíacos tendieran a disminuir, a medida que se incrementaban los presupuestos de educación, salud y obras públicas (que incluían también infraestructura educativa y sanitaria).

Participación comunista. Fundado en 1931, el Partido Comunista experimentó un rápido crecimiento electoral, propiciado por la crisis económica mundial. Los buenos resultados que alcanzaron en las urnas fueron especialmente notorios en las principales ciudades del país. Frente a esta amenaza, un grupo de políticos católicos, inspirados en la doctrina social de la Iglesia y pertenecientes al Partido Republicano Nacional, empezaron a planear un proyecto de cambios institucionales cuyo propósito principal era disputar el voto popular urbano a los comunistas.

Por tanto, no sorprende que, cuando ese proyecto empezó a ser conocido, tras el triunfo de Calderón Guardia en la elección presidencial de 1940, los comunistas lo combatieran fuertemente. Se convirtieron así en los primeros adversarios de la reforma social.

Sin embargo, la posición comunista se modificó con rapidez, alrededor de agosto-septiembre de 1940, cuando Calderón Guardia anunció que apoyaría un código laboral. A este cambio contribuyó también el hecho de que, por esa época, ya se perfilaba una profunda división en el Republicano Nacional entre los calderonistas y los partidarios del anterior presidente, León Cortés (1936-1940). En este contexto, los comunistas empezaron a aproximarse a Calderón Guardia, acercamiento que se hizo público a mediados de 1941.

De esta manera, un proyecto de cambio institucional originalmente dirigido contra los comunistas, se convirtió después en la base de una aproximación entre estos últimos y los calderonistas. Este entendimiento se formalizó hace exactamente setenta años, el 22 septiembre de 1943, al constituirse la coalición Bloque de la Victoria, con la cual Teodoro Picado ganó –controversialmente– las elecciones de febrero de 1944.

El autor es historiador y miembro del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la UCR. El presente artículo sintetiza aspectos de su libro ‘Los pasados de la memoria’.

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