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Recientemente, el Ministerio de Vivienda (Mivah) rechazó la propuesta de una empresa constructora, la cual le ofreció levantar un proyecto de 350 casas en la Zona Atlántica, para familias de escasos recursos.
El motivo de la negativa es simple, según Rosendo Pujol, jerarca de Vivienda: en esa zona —evitó especificar el lugar, pero señaló que no se trataba del cantón Limón ni Pococí— no hay suficientes potenciales beneficiarios, por lo que no vale la pena invertir en un proyecto de tales dimensiones.
Con medidas como esa, el Ministerio de Vivienda (Mivah) pretende frenar la construcción de proyectos de vivienda en lugares que no tienen tanta necesidad, mientras en otras zonas la carencia es grave.
Esa es, precisamente, una de las debilidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que la Contraloría General de la República (CGR) señaló, en un informe publicado el pasado 7 de julio.
En él, el ente contralor comunica los hallazgos de la investigación sobre la calidad de los proyectos en los que el Estado da techo a los más pobres.
“Actualmente no se considera la estimulación de los proyectos de vivienda social en los cantones y distritos más pobres del país”, encontró la CGR, pese a que la administración Solís Rivera implementó la estrategia Puente al Desarrollo, hace año y medio, para mejorar las condiciones de vida en 75 distritos prioritarios.
Tal situación genera, además, “la práctica de que las iniciativas sobre las zonas donde se ejecutarán los proyectos de vivienda, sean propuestas ante las entidades autorizadas por las empresas constructoras”, de acuerdo con el informe.
La problemática no es un tema nuevo para Pujol. “Lo que dice la auditoría confirma las sospechas que teníamos: que el sistema tiene defectos y debe mejorarse”, dijo el jerarca, quien considera tener poco poder para hacer cambios drásticos.
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“No podemos imponer cosas ni abrir licitaciones, dependemos de que el sector privado nos presente proyectos” aseguró el jerarca a La Nación, en mayo.
Pese a ello, Pujol considera que el llamado de la CGR para que los recursos se destinen a las zonas con mayores carencias ya se atienden.
El ministro explicó que, además de rechazar ofertas en lugares donde son poco viables, el Mivah está optando por indicarle a los desarrolladores dónde sí se necesitan urbanizaciones.
Entre los lugares prioritarios están Puntarenas, Liberia y la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en Alajuelita y Goicoechea.
Además, en mayo, Vivienda presentó un proyecto de directriz para cambiar los criterios de selección de beneficiarios para casas en urbanizaciones. Ahora, se dará prioridad a quienes estén cobijadas por leyes de protección a mujeres, a quienes están en riesgo inminente de ser víctimas de desastres naturales y a los participantes del plan Puente.
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La directriz será acatada por el Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi) en cuanto se firme.
Otros señalamientos.
En el informe, la CGR recomienda implementar programas para dar seguimiento a las familias que reciben casas en urbanizaciones, para asegurar que cuentan con el conocimiento necesario para una sana convivencia y el mantenimiento correcto de las casas.
El ente contralor instó, además, a que en el futuro, los proyectos se construyan con mejores sistemas para tratar aguas negras, así como que sus diseños permitan ahorrar electricidad.
