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La nueva metodología para calcular las tarifas de autobuses quedó por el momento en el congelador, por orden del regulador general, Roberto Jiménez.
El jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quien se estrenó en el cargo el 9 de mayo, detuvo la aplicación del nuevo modelo que, de entrada, conduciría a una rebaja en los pasajes.
Aunque la fórmula se aprobó hace cuatro meses, Jiménez decidió que primero creará una comisión técnica interinstitucional para “analizar alcances de la nueva metodología, aclarar dudas e inquietudes, y así facilitar la comunicación y el diálogo”.
La medida se tomó pese a que, para elaborar el método, se invirtieron seis años y dinero en negociaciones y consultas en las cuales participaron cámaras de autobuseros, la Defensoría de los Habitantes, el Consejo de Transporte Público (CTP) y grupos de consumidores.
Esa discusión llegó a su clímax en el 2015, cuando hubo talleres de consulta, organizados por Aresep, para atender inquietudes, objeciones y dudas de los sectores por los posibles efectos del instrumento que viene a relevar uno que ya tenía 20 años en uso.
La Sala Constitucional incluso declaró sin lugar tres acciones de inconstitucionalidad contra la audiencia pública para discutir la propuesta. Esta, finalmente, se realizó el 14 de diciembre.
La Junta Directiva de Aresep ratificó el método el 29 de febrero , en la gestión Dennis Meléndez, quien dejó el cargo el 8 de mayo.
Este lunes, Meléndez urgió a la Aresep realizar una fijación ordinaria nacional de oficio, que sirva como punto de partida para fijar un piso uniforme en todas las rutas. “¡Qué injusticia más grande se está cometiendo con los usuarios de buses! Se sospecha que las tarifas actuales, fijadas con una metodología obsoleta, en muchos casos pueden ser hasta un 40% más altas de lo que deberían”, dijo en el artículo Tarifas injustas, publicado el lunes en este diario.
Y agregó: “Es dudoso que aquellas rutas sobrevaloradas acudan, por su cuenta, como lo obliga la ley, a solicitar fijaciones individuales”. En el país funcionan 690 rutas de autobús.
Reunión. El anuncio de la nueva revisión llega 15 días después de que Gerardo Vargas Varela, diputado del Frente Amplio (FA), acudió junto con tres empresarios de autobuses a un encuentro con el nuevo regulador. Entre ellos estaba Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).
Según Asdrúbal Fallas, directivo de esa organización, una de las inquietudes es que la fórmula dejaría sin reconocimiento económico el mantenimiento preventivo de las unidades nuevas.
“Esta metodología va a promover un envejecimiento en la flota de transporte público y problemas laborales directos a trabajadores, porque tampoco reconoce pago de horas extra”, dijo.
Dicho grupo presentó este mes un recurso de nulidad ante la Junta de la Aresep. La gestión, que aún no ha sido conocida, busca suspender la aplicación del modelo. “Mientras esa revisión transcurre, que se aplique el modelo anterior hasta que entre el nuevo, pero ya revisado”, opinó.
La Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús) también tocó las puertas de la Aresep. Según Alfredo Villalobos, presidente de esa organización, le expresaron al regulador que no tienen “absoluta claridad en algunos detalles de la fórmula del nuevo modelo”.
Cambios. Uno de los ajustes introducidos en la fórmula aprobada en febrero es que la información sobre la cantidad de pasajeros movilizados, la cual calculan y suministran ahora los buseros, saldría de estudios técnicos de entidades como el Consejo de Transporte Público y la Aresep.
La fórmula también incluye el costo del pago electrónico, sistema que dará transparencia y precisión sobre el número de viajes y pasajeros de cada ruta.
En octubre, Aresep aprobó otra nueva metodología para los combustibles. Tres meses después, la entidad propuso por su cuenta un primer ajuste tarifario para fijar un punto de partida. Según Jiménez, los modelos no son comparables, aunque admitió que sí se podía pedir un ajuste de oficio para tarifas.
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