Un proyecto de ley que alista el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, podría legalizar el funcionamiento del servicio Uber.
El legislador alajuelense trabaja en una iniciativa para crear la figura de “movilidad colaborativa” de transporte de personas, similar a la de “ comunidades de autoabastecimiento”, en la cual se ampara Uber.
Según él, la “movilidad colaborativa” o ride, como se le conoce, ya existe en el país, pero no está regulada.
Uber opera desde el 21 agosto en el país. Consiste en una aplicación o plataforma digital que conecta a personas que requieren un servicio de taxi y choferes dispuestos a darlo, incluidos en un registro.
Su entrada en funcionamiento ocurrió pese a las objeciones del Consejo de Transporte Público (CTP), que advirtió de la falta de autorización.
La Procuraduría. Corella anunció su iniciativa luego de conocer, este martes, la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a una consulta suya sobre la legalidad de Uber.
Ese órgano –asesor jurídico del Estado– no se refirió a Uber, pero ratificó que todos los servicios de transporte remunerado requieren una autorización o concesión del Estado.
“A partir de la vigencia de la Ley 8.955 (reguladora del servicio público de transporte), ninguna persona particular –física o jurídica– puede brindar el servicio de transporte remunerado de personas si, previo a ello, no cuenta con la autorización respectiva –concesión o permiso, según la modalidad de que se trate– conferida por el Consejo de Transporte Público, mediante los procedimientos que establecen las leyes que regulan el citado servicio público”, dijo la Procuraduría en la resolución OJ111-2015.
El procurador Omar Rivera agregó, además, que las autoridades de la Policía de Tránsito están obligadas a sancionar y multar a propietarios o choferes, quienes brindan el servicio de transporte remunerado sin la autorización del CTP.
Para Corella, estos criterios demuestran que la legislación en esta materia “debe ser modernizada para que contemple las nuevas tecnologías y plataformas de servicios”.
La Nación consultó a la vocera de Uber, Rocío Paniagua, pero alegó desconocer el criterio de la Procuraduría.
Mario Zárate, director del CTP, destacó que aunque no es vinculante, el criterio de la PGR les da seguridad jurídica a los oficiales de Tránsito, quienes son los encargados de hacer cumplir la ley.
Franklin Corella adelantó que convocará a una mesa de diálogo a taxistas, empresas de plataforma digital de transporte, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Eso sí, aclaró, su intención no es que Uber funcione.