‘Interinazgos’ van en detrimento de docentes y alumnos

Aunque tiene dos licenciaturas, su puesto lo obtuvo un concursante que solo tiene bachillerato, pues ella no presentó los resultados de la prueba Toeic, exigida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para verificar el dominio del idioma.

“Ya es mucho tiempo en una misma escuela y, año con año, se pasa una incertidumbre: ¿Me van a sacar? ¿Van a darle mi plaza a alguien más? Ahora, no sé si llegará un trabajo para mí el próximo año”, expresó la docente.

La inseguridad que vive Delgado la comparten más de 25.000 educadores del MEP, cuya condición interina actúa en detrimento de su estabilidad laboral, pero también de la calidad de educación que reciben los alumnos .

Múltiples fallos de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han ampliado la protección del funcionario interino desde los años 90.

Entre otras cosas, la Sala prohibió la práctica de sustituir un interino por otro y se garantizó el disfrute de todos los derechos de un funcionario en propiedad, excepto la plaza como tal.

Sin embargo, el experto en Derecho Laboral, Marco Durante, confirmó que sigue siendo una situación de inestabilidad laboral.

“El ‘interinazgo’ es una condición precaria de empleo porque la regla general, de acuerdo con la Constitución Política, es que todo funcionario debe gozar de estabilidad en el empleo”, explicó.

Por su parte, la coordinadora del Informe Estado de la Educación, Isabel Román, considera que el “interinazgo” atenta contra las culturas organizativas de calidad en los centros educativos.

“Los docentes no tienen seguridad de permanecer en una institución por varios años, lo cual desestimula los planes de trabajo a mediano y largo plazo en función de mejorar su labor y el rendimiento de sus estudiantes.

“Otro impacto poco visible es que esta condición es caldo de cultivo para promover clientelismos políticos al interior del MEP y en organizaciones gremiales, dado que la inestabilidad supone una situación de vulnerabilidad del docente cuyo trabajo siempre depende de otros”, advirtió Román.

Si bien una plaza en propiedad no garantiza la calidad del educador, agregó Román, sí es una condición que le permite al MEP evaluar el trabajo y pedir cuentas.

La convención colectiva para el sector educativo, promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y firmada en abril, creó una comisión conjunta con el MEP para analizar la situación de esos docentes.

Dicha comisión realizó un estudio sobre aquellos funcionarios que suman más de 5 años sin plaza en propiedad, explicó Grettel Mora, jefa del Departamento de Asuntos Laborales del SEC.

“Ya hay una propuesta para el Servicio Civil, de sacar una oferta solo para funcionarios en esta situación. Esta se conocerá en la junta paritaria, el próximo 16 de diciembre”, aseguró Mora.