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Autoridad canceló reunión prevista con taxistas que fueron a paro la semana anterior

Aresep propone aumento de ¢5 en tarifas de taxis

Actualizado el 16 de agosto de 2016 a las 09:33 am

Con este cambio, la tarifa de banderazo pasará de ¢630 a ¢635; la variable, de ¢600 a ¢605 y, por demora, el costo pasará de ¢6.015 a ¢6.060 (¢45 más)

Regulador general suspendió encuentro con líderes de taxistas a la espera de criterio legal de la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional sobre la operación de Uber en Costa Rica

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De aprobarse, el ajuste entraría a regir a finales de este mes. / Archivo (Graciela Solís)

San José

Los usuarios de taxis rojos tendrían que pagar ¢5 más por cada kilómetro de recorrido y otros ¢5 por el de salida.

La propuesta de aumento la confirmó, este martes, la Autoridad Reguladora de los Servicios (Aresep) al convocar a audiencia pública para discutir este ajuste extraordinario correspondiente al segundo semestre del año. La variación responde, principalmente, a cambios en los precios de los combustibles.

Con este cambio, la tarifa de salida pasará de ¢630 a ¢635; la variable, de ¢600 a ¢605 y, por demora, el costo pasará de ¢6.015 a ¢6.060 por hora (¢45 más).

LEA: Estudio de Aresep donde se pide el aumento

El monto por espera también sube de ¢3.675 a ¢3.705 (¢30 más) por hora. En el caso de los taxis para personas con discapacidad, la tarifa de salida subirá de ¢630 a ¢635, y la variable, de ¢570 a ¢575.

Los taxis rurales tendrán la misma variación en su tarifa de salida y en la de los kilómetros adicionales, al pasar los costos de ¢630 a ¢635 y ¢625 a ¢630, respectivamente.

La nueva tarifa entrará a regir luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, una vez realizada la audiencia pública para discutir la varación. La audiencia está prevista para este viernes 19 de agosto en la sede de Aresep en Guachipelín de Escazú.

Sin reunión 

El anuncio del ajuste llega el mismo día que se iba a celebrar una reunión entre taxistas y directivos de Aresep; la cual se suspendió desde el viernes según comunicó el regulador general, Roberto Jiménez, en una carta enviada a los taxistas.

El martes 10 de agosto, en el marco de una protesta de taxistas contra la operación de la empresa Uber en Costa Rica, Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), anunció la suspensión del movimiento tras el anuncio de la reunión que se suponía estaba para este martes. 

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En su carta, dirigida a Vargas, el regulador rechaza la posibilidad de imponer una medida cautelar contra aplicaciones como Uber que prestan ilegalmente el servicio remunerado de personas, argumentando que existe una consulta en estudio en la Procuraduría General de la República "dadas las diferentes interpretaciones legales" respecto a la operación de Uber.

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Del mismo modo, Jiménez indica a Vargas que también los representantes legales de UTC habían interpuesto una demanda en la sede contencioso administrativa contra la Aresep, el Estado y el Consejo de Transporte Públicos y existe una acción de inconstitucionalidad planteada por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

Esa acción, presentada en febrero, es contra la ley que regula los servicios especiales de Taxi (Seetaxi). Dicha acción congeló, por ahora, el cobro de multas contra conductores que brinden servicios de transportes privado considerados ilegales como Uber.

Por estas razones, indica el regulador general en su texto, se suspendió la reunión con los taxistas. "Una vez que contemos con elementos de jucio se les convocará oportunamente", concluye Jiménez.

Vargas, por su parte, se declaró burlado por el jerarca de Aresep porque a su juicio no existen razones legales o impedimentos para que Aresep actúe contra Uber.

Citó, por ejemplo, que ya existen pronunciamiento previos y vinculantes emitidos por la Procuraduría según los cuales, afirma Vargas, la aplicación del numeral 44 de la Ley de Aresep (No. 7593) es de aplicación automática e inmediata. 

Segun el Artículo 44 de esa ley, la Aresep "procederá a ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente, removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrán contar con la ayuda de la fuerza pública".

"Pese a nuestro proceso judicial, subsiste la obligación de la Aresep para contestar nuestro llamado de acción contra Uber. Inclusive, de ser debido su actuar, hasta podríamos desistir del proceso en cuestión", afirmó Vargas, quien mencionó que ya está convocando a una reunión de líderes de los taxistas para definir qué acciones se tomarán.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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