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San José.
La Aresep rechazó la tarifa de ¢1.200 (130% más que el servicio regular) que el Consejo de Transporte Público (CTP) y la empresa Tuasa acordaron para el servicio especial entre Alajuela y San José, ante el cierre del puente de la "platina" y adelantó que tal decisión podría derivar en una millonaria multa contra la empresa.
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Cualquier cobro de una tarifa distinta a la autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se encontraría fuera de lugar, y podría acarrearle a la empresa prestadora del servicio la imposición de una multa de hasta ¢8,5 millones por cada vez que se acredite esa falta, informó la tarde de este jueves esa entidad.
Por un viaje directo ordinario se cobran ¢520 y por el indirecto ¢500.
La Aresep aclaró que nunca recibió ni tramitó ninguna solicitud de autorización de esa nueva tarifa de ¢1.200.
Tampoco, pese a haberlo solicitado, tuvo acceso a algún documento en el que consten las condiciones en las cuales el CTP presuntamente dio la autorización para la prestación del servicio.
En su criterio, el servicio acordado debido al cierre del puente "no calza dentro de los llamados servicios especiales, los cuales están taxativamente establecidos en la normativa, y que son el transporte especial ocasional de excursiones, el transporte de trabajadores, el transporte de estudiantes y el transporte de turismo".
El Regulador General, Roberto Jiménez, dijo en el comunicado que se siente satisfecho con la suspensión de este servicio, el cual consideraba lesivo para cientos de usuarios, quienes, al no poder asumir el costo, se encontrarían en una situación de desigualdad respecto a otros.
Jiménez recordó que los prestadores de servicios tienen la obligación de estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante un incremento de la demanda según detalla el artículo 14, inciso i, de la Ley 7593.
El servicio especial quedó suspendido este jueves por la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de consultar a la Procuraduría General de la República sobre este caso.
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El jerarca de esa cartera, Carlos Villalta, dijo en conferencia de prensa que se procedió de esa forma precisamente ante dudas de la Aresep, de si el cobro establecido corresponde a una tarifa o un precio y cuál entidad era la competente para decidirla.
"Dentro del CTP no consideramos que hayamos cometido ningún error en la autorización que inicialmente se aprobó, a pesar de que se puso en espera por las modificaciones que pidió la misma empresa Tuasa. Esto es un asunto de alcances, tiene que servir para poder dilucidar cuando alguna de las partes tiene alguna duda", expresó Villalta. Insistió, sin embargo, en que a su juicio se actuó de manera correcta.
"Nosotros tenemos un servicio normal de ruta y se va a cobrar a la tarifa oficial determinada mediante resolución de la Aresep. Nosotros tenemos claro cuál es la tarifa que debe respetarse, ahora bien, la tarifa de ¢1.200 no corresponde a ningún servicio de ruta, porque en este momento quedó suspendido para consulta a la Procuraduría General de la República y no se va a prestar ese servicio en tanto no haya una resolución", expresó el empresario autobusero.
Molestia. Entretanto, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero Campos, solicitó esta jueves la renuncia del Directorio Ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate."El manejo irresponsable del transporte público a raíz de la crisis por el cierre del puente de la platina, debe ser el punto final de su administración. No podemos tolerar que en medio de la tormenta, el máximo jerarca del CTP se vaya un mes de vacaciones, sin brindar explicaciones claras de diversos cuestionamientos", indicó Guerrero Campos en un comunicado de prensa.
Guerrero argumentó que Zárate debía irse por las irregularidades del permiso para que la empresa Tuasa brinde un supuesto "servicio especial", durante los próximos meses.
"El CTP no está pensando en el bienestar de los usuarios. Permiten que una empresa disfrace un servicio regular, como uno especial para cobrar el precio abusivo que se les antoje", expresó la congresista.
