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A cinco años de la apertura del mercado local de telecomunicaciones, hay municipalidades que ponen trabas a la instalación de torres celulares y tienen procesos judiciales en espera de una resolución por esa causa.
Hay dos juicios en los tribunales contenciosos interpuestos por los gobiernos de Esparza y de Moravia y un recurso de casación ante la Sala I, planteado por el de Curridabat.
Las controversias tienen que ver con las alturas máximas de las estructuras, separación entre estas, sitios de localización (zona residencial, industrial, mixta, entre otros) y dimensiones de sus predios.
Sin estas torres, de 10 a 25 metros de altura, las empresas de telefonía e Internet móvil serían incapaces de crear redes de cobertura y el efecto directo es sobre los usuarios, que ven reciben una pésima señal para hablar o de acceso a Internet.
Los casos de esas corporaciones no han sido los únicos que se dilucidaron en la vía judicial. Existen dos sentencias previas que obligaron a las municipalidades de Montes de Oca y Heredia a permitir las torres.
Uno de ellos data del 2013, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo condenó a Montes de Oca por restricciones para la colocación de torres celulares, entre tanto, el caso de Heredia concluyó este año.
Las consideraciones de los tribunales se apoyaron, en gran medida, en votos de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República.
El primero de los fallos de la Sala sobre es tema es el 15763 del 16 de noviembre de 2011, el cual declaró de interés público el despliegue de estas estructuras.
En sus argumentos, los magistrados privilegian el interés público sobre cualquier otro local o comunal. De no ser así, se perjudicaría a la población que podría ver limitado su acceso a nuevas tecnologías de información y conocimiento.
La Procuraduría General de la República retomó esa resolución en su dictamen C-039-2012, del 7 de febrero de 2012.
En esa ocasión, la Procuraduría –abogado del Estado– advirtió que hay superioridad de la ley de telecomunicaciones y disposiciones del Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) “por sobre los intereses locales y municipales, por ende, la subordinación de las municipalidades a lo que se haya dispuesto con alcance nacional. Subordinación que abarca lo relativo a la infraestructura, por ser esta de interés nacional”.
También, esos razonamientos se utilizaron en el fallo que ahora Curridabat objeta en la Sala I, bajo expediente 11-006885-1027-CA.
No fue posible hablar con el alcalde, Edgar Mora, para obtener su versión sobre este caso.
Cambio de visión. La llegada de nuevas autoridades municipalidades y también las decisiones ya emitidas por los tribunales parecieran comenzar a cambiar la actitud en los gobiernos locales.
Roberto Zoch Gutiérrez, alcalde de Moravia, aclaró que el proceso contencioso se inició en una administración anterior.
Para él, las instalaciones son necesarias y afirma que bajo su gestión se respetan las disposiciones legales, pero procuran conciliar la colocación de torres con otros factores. “No es nuestro afán oponernos, solo deseamos que las torres sean armoniosas con el paisaje”, afirmó.
Entre tanto, en Montes de Oca, hay un mezcla de resignación y respeto a las disposiciones.
“Hace seis meses llevamos al Concejo una propuesta de reglamento, al cual se le sumaron algunas restricciones que ya los tribunales habían eliminado y no se pueden exigir. Aún seguimos en revisión y analizando observaciones”, expresó Marcel Soler Rubio, alcalde de Montes de Oca.
Para las autoridades de telecomunicaciones, estos juicios suponen un gasto de tiempo y energía, pues con las resoluciones de la Sala y la Procuraduría, ya el asunto debería estar resuelto por el bien de los usuarios.
“Todavía hay algunos grados de resistencia. No se logra comprender en algunos sitios que para tener mejores servicios, las empresas requieren estas torres. En Costa Rica no tenemos tantos edificios altos. Por eso, se necesitan”, afirmó Wálther Herrera, director de Mercados de la Sutel.
