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Los vecinos de 11 cantones del área metropolitana que deberán conectarse a la red de alcantarillado de AyA a mediados de año, desconocen el costo de ese servicio.
Incluso, alcaldes de esas jurisdicciones reconocen que no tienen detalles sobre el tema, a solo cinco meses del arranque de la planta de tratamiento Los Tajos, ubicada en La Uruca, y a pesar de que unas 125.000 familias deben preparar sus bolsillos para afrontar tal gasto.
Esos costos, en el caso de los hogares de clase media, van desde los ¢6.000 hasta los ¢850.000, dependiendo de cuán preparados estén para la conexión, dónde se ubica el tanque séptico o si su prevista está en la calle.
La nueva red es parte del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). En total, cerca de 1.070.000 personas en 11 cantones deberán unirse.
En un recorrido, el lunes, La Nación comprobó que pobladores del distrito de San Vicente de Moravia y el barrio San Francisco de Vázquez de Coronado no solo desconocen cuánto costaría la conexión a la red, sino también la existencia del plan.
Lejanos. Aunque aprueban el megaproyecto y están conscientes de su importancia para mejorar la salud ambiental, alcaldes como Juan Pablo Hernández, de Moravia; Gonzalo Vargas, de Tibás; Fernando Trejos, de Montes de Oca, y Maureen Fallas, de Desamparados, admiten que hasta ayer desconocían cuánto costarían a las familias las interconexiones.
“AyA debe ser más agresivo en la divulgación, acercarse a los abonados con tiempo, para explicarles costos y darles guías técnicas sobre la instalación”, dijo Hernández, de Moravia.
Con él coincidieron varios alcaldes en cuanto a que el Instituto no se ha empeñado en informar bien sobre el plan (ni a ellos ni a los vecinos); tampoco ha buscado retroalimentación.
En La Unión se verían involucradas unas 1.500 familias. Julio Rojas, diputado y exalcalde de ese cantón, opinó que para que la iniciativa sea exitosa debe acompañarse de un financiamiento que les facilite la inversión.
“A través de esto (que podría ser un fideicomiso) se licitaría a una compañía y, así, el costo unitario de las obras sería más bajo que el que podría contratar cada quien por aparte”, dijo Rojas.
Otras opciones manifestadas por jerarcas como Trejos, de Montes de Oca, incluyen la apertura de créditos o préstamos “rápidos y expeditos”, acompañados de algún tipo de apoyo municipal.
Para Gonzalo Vargas, de Tibás, y Maureen Fallas, de Desamparados, la herramienta financiera habría que analizarla según las posibilidades de cada sector.
“Muchas zonas que se unirán son de clase media y baja, por lo que debe haber un gran esfuerzo. No todo lo da el Gobierno; los habitantes deben dar”, dijo Vargas.
Atrasados. Según Pablo Contreras, ingeniero del Instituto a cargo de la planta Los Tajos, el cantón de Vázquez de Coronado se incorporará más tarde pues no tiene redes de alcantarillado. Las obras arrancarían en setiembre.
Leonardo Herrera, alcalde de ese cantón, dijo: “En Coronado se romperán las calles del casco urbano. Pedimos al Instituto que, al menos, las deje iguales a como están ahora”.
