Trabajadores de Recope reclaman ante Sala IV financiamiento para su convención colectiva

Desde setiembre, los funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto la decisión de la Aresep. Este jueves, los magistrados los recibieron en una audiencia para escuchar sus argumentos.

Jorge Pardo Amador, vocero de los trabajadores, reconoció que hay artículos de la convención colectiva que deben eliminarse, pero que la forma correcta de hacerlo no es a través de la Aresep. Según dijo, solo la Sala Constitucional tiene potestad para dejar sin efecto algún contenido de la convención.

Fernando Bolaños, representante legal del sindicato de Recope,respaldó la posición. En su criterio, la Aresep se extralimita en sus funciones y con su resolución viola el derecho a las convenciones colectivas, establecido en la Constitución Política.

En la audiencia también se presentó Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, quien respalda que se debe mantener el financiamiento completo de los beneficios incluidos en la convención colectiva actual hasta que no se negocie un nuevo acuerdo.

"Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dice la convención, pero hasta que no se homologue una nueva convención no se puede dejar son financiamiento los rubros actuales", dijo Hasbum.

En febrero del año anterior, el Poder Ejecutivo recomendó a Recope un recorte de ¢8.000 millones de la convención colectiva y pidió a esa entidad negociar una nueva. No obstante, aún no se ha llegado a un acuerdo para la firma de un nuevo contrato entre las partes.

La Autoridad Reguladora excluyó de la tarifa de combustibles ¢5.000 millones, monto equivalente al 22% de los rubros estipulados en el acuerdo entre Recope y sus trabajadores.

Entre los gastos excluidos están ¢3.100 millones que se destinan al fondo de ahorro de empleados de Recope y ¢784 millones correspondientes a gastos administrativos de ese fondo.

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Además, la Aresep rechazó el pago de servicios odontológicos, cuido de hijos y alimentación, entre otros.

El argumento para sacar estos gastos del cálculo de las tarifas es que esos beneficios no tienen relación con la prestación del servicio de Recope, que es la distribución de combustibles.

Según datos del Ministerio de Trabajo, la convención colectiva le costó a Recope ¢25.700 millones en 2013.

Dennis Melendez, regulador general, declaró ante los magistrados, que al suprimir los beneficios mencionados se está defendiendo a los consumidores de los combustibles.

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Según Meléndez, la ley los faculta para tomar este tipo de decisiones, pues deben velar por tarifas justas y servicios de calidad.

"No podemos reconocer gastos que no están relacionados a la prestación del servicio como tal", concluyó el jerarca.