Los vecinos de Poás y barrio Corazón de Jesús de Aserrí se cansaron de presentar quejas ante Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud y la Asociación Administradora del Acueducto Rural (Asada) porque el agua les llega contaminada a sus hogares.
Acudieron a la Sala IV, la cual, el pasado 13 de diciembre, declaró con lugar su recurso de amparo y obligó a esas instituciones a atender el problema.
Los pobladores de Aserrí no son los únicos en el país que se han arrollado las mangas para defender el agua.
Según el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación , la cantidad de conflictos desatados por la defensa de ese recurso tuvo un marcado aumento desde el 2000.
Desde ese año y hasta el 2010 se han identificado, al menos, 134 protestas de las comunidades. En la mayoría de los casos están relacionadas con la protección de las fuentes (60,5%), el acceso al agua potable (35%) y la necesidad de saneamiento (4,5%).
Esos datos provienen de un documento que incluye el Informe del Estado de la Nación , en que se analizan las diferencias con matices políticos surgidas en Costa Rica en relación con el recurso hídrico durante la década citada.
La investigación la hizo Felipe Alpízar Rodríguez, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Alpízar analizó la base de datos elaborada por el Estado de la Nación con noticias publicadas en Semanario Universidad, La Nación y Diario Extra .
Uso y manejo. Según explicó el politólogo, el análisis mostró dos razones por las cuales ocurren estos conflictos: las tensiones generadas con motivo de la aplicación de un modelo productivo intensivo con afección para los recursos naturales frente al consumo humano, y las demandas ciudadanas por servicios e infraestructura públicos para contar con agua potable y el debido saneamiento.
El estudio muestra una concentración de líos (65,7%) en los cantones de San Carlos (32), Alajuela (12), Siquirres (11), Carrillo (11), San José (8), Montes de Oro (5), Santa Cruz (3), Aserrí (3) y Paraíso (3).
El 58% de las protestas fueron contra el Estado y el 26% contra empresas privadas.
Para Alpízar, en el país no hay crisis por el agua. “Hay crisis en el manejo y la gestión del agua. Costa Rica es uno de los países con más agua per capita en el mundo, pero está muy mal manejada”.
Como ejemplo, citó las tuberías rotas que producen pérdida del líquido, problema que se conoce como del “agua no contabilizada”.
En Colombia, el máximo permitido no contabilizado es 30%; en Estados Unidos un 15%; en Alemania el 9%, y en Israel un 2%. En Costa Rica es un 50%, afirmó Alpízar.
La Defensoría de los Habitantes da fe del problema de mal manejo del líquido. Tatiana Mora, directora de Calidad de Vida en esa entidad, dijo que las denuncias por problemas con el suministro son una constante, tanto por calidad como por cantidad del líquido.
“Se dan a nivel nacional; sin embargo, hay un incremento en las zonas rurales, Guanacaste, Pacífico sur y también en la zona de Cartago”, aseguró la funcionaria.
“Si cambiaran las tuberías y existieran medidores donde no hay, y una mejor gestión del agua, probablemente sobraría. El problema no es la disponibilidad del agua, es la gestión”, sentenció Alpízar.
Tatiana Mora también cree que el país carece de una buena gestión del agua: “No ha sido la más eficiente y hay limitaciones de presupuesto y personal que limita garantizar el disfrute a la población en general. Si uno revisa los proyectos de AyA todavía hay una larga lista de espera para que la población disfrute del líquido”.
Según los datos del Estado de la Nación, los principales actores de estas contiendas políticas por el agua son los vecinos de las comunidades con un 55% y en segundo lugar aparecen los grupos ambientalistas 28%.
Esta situación varía en el 2009 y 2010 ya que en esos dos años los grupos ambientalistas ocuparon un lugar preponderante. Esto se explica por los conflictos por la minería en Crucitas, San Carlos y Sardinal en Guanacaste, donde hubo apoyo de organizaciones de la sociedad civil ligadas a la protección del medio ambiente.
Tatiana Mora considera que durante la última década la situación varió pues en el caso de la Defensoría de los habitantes las denuncias eran más puntuales -una persona a la que no le llegaba el agua-, pero ahora son de las comunidades organizadas.
“Si usted se levanta en la mañana, abre el tubo y no le sale agua o le sale contaminada, le afecta directamente. No hace falta que haya un grupo ambientalista detrás”, afirmó Mora.
Para Álvaro Sagot, especialista en Derecho Ambiental y uno de los principales opositores al proyecto minero Crucitas, actualmente hay una mayor conciencia sobre la gestión integral del recurso hídrico.
“Las comunidades son las que manejan el agua, son las que protegen las fuentes, y solo cuando ya sus luchas no son escuchadas es cuando buscan ayuda en el sector ambientalista”.
La protesta, explicó Felipe Alpízar, es una forma de salir de la exclusión política y social en la que viven los costarricenses.
“Como las autoridades no les hacen caso, la empresa no les resuelve el problema de contaminación por el bromasil de la piña, o les van a poner un hotel en la comunidad y el agua no va alcanzar para todos… el único recurso que les queda es protestar”.
El conflicto más importante, según Alpízar, es jurídico. El Proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico tiene como fin actualizar la legislación vigente, que data de 1942; no obstante, la discusión comenzó en el 2001 y todavía no finaliza.
La Defensoría de los Habitantes trabajó también en un proyecto de ley, según recuerda Tatiana Mora. “Se presentaron no sé cuántas versiones pero no caminan porque lamentablemente no hay un interés político”.
Dárner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas, coincide en la necesidad de una ley actualizada para ordenar el recurso, y manifestó su disconformidad por lo que él llama egoísmo de los sectores. “Egoísmo del sector agropecuario con el industrial, egoísmo en el sector de agua para consumo humano y otros sectores”, afirmó el funcionario .
Más allá de una nueva ley, hay traslapes de competencias entre instituciones y gran cantidad de leyes y reglamentos, destacó el jurista Sagot. Existen aproximadamente 115 cuerpos normativos que tienen injerencia en el recurso hídrico y 15 instituciones que intervienen en su administración.