Familias pobres del área metropolitana recibirán ayuda económica del AyA para conectarse a la red de alcantarillado sanitario, que empezará a funcionar en junio próximo.
Ello, debido a que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) dispone de ¢1.635 millones –donados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– para ayudarles a enlazar sus viviendas al sistema de limpieza.
¿Cuántos y quiénes recibirán estos fondos? Los hogares meta aún no han sido elegidos, pero lo serán con base en los mapas sociales y estudios de entidades públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El aporte del BID no bastará para ayudar a todas las familias del área que viven en pobreza básica y extrema, admitió Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos.
“Sacando la cantidad de personas en función del costo real de la conexión, el número de familias que podríamos cubrir sería bajo”, admitió la jerarca.
Por ello, dijo, esos ¢1.635 millones servirán como “capital semilla” para optar por fondos de bancos nacionales, por ejemplo, que contribuyan a cubrir a todos los hogares en pobreza.
El Instituto todavía desconoce cuándo y de qué manera hará efectivo este primer aporte.
Costoso. La red de alcantarillado del AyA es parte del plan de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, que beneficiaría a 1.070.000 personas en 11 cantones (el 65% de habitantes de la zona).
La planta de tratamiento Los Tajos, en La Uruca, estaría concluida en junio y con ello arrancará, por etapas, el funcionamiento de la red que libraría a los ríos de 38 toneladas de sólidos al día. En total, esta cubrirá a 140.000 familias unidas a los colectores existentes (el 45% de la población del área), además de 125.000 pendientes de conexión.
Esos 125.000 hogares pagarán entre ¢6.000 y ¢850.000 para acoplarse, según las previsiones tomadas al momento de la construcción del alcantarillado, las cuales son muy variables, manifestó Manuel López, de Recolección y Tratamiento del AyA.
Influirá si la casa tiene prevista y una caja de registro en la acera, así como cuán lejos está el tanque séptico de la calle.
Así lo informó La Nación en un reportaje del 26 de enero, por el cual varios alcaldes involucrados exigieron al Instituto que incluya en su proyecto facilidades de financiamiento para las familias que no sean capaces de costear su conexión, incluso para aquellas de clase media.
La ley impide a Acueductos y Alcantarillados otorgar este tipo de aportes de manera directa.
Fernando Trejos, alcalde de Montes de Oca, y Julio Rojas, diputado y exalcalde de La Unión, propusieron la apertura de créditos “rápidos y expeditos”, acompañados de apoyos municipales.
A Yamileth Astorga, jerarca de Acueductos, la tomó por sorpresa la intención municipal de colaborar, aunque agregó que le resultan “interesantes” sus propuestas y que ya está evaluando opciones crediticias con entidades financieras.
“Perfectamente podemos articular con los municipios para apoyar a la clase media. A esto estamos dándole cabeza por medio de figuras como fundaciones o universidades, que manejen los fondos. Claro, habría que hacer estudios para valorar quiénes requieren de la ayuda”, destacó la directora de Acueductos.