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El país incumplirá el plazo acordado con Estados Unidos para aprobar el último proyecto del TLC, referente a la propiedad intelectual, por lo que el sector azucarero se verá afectado directamente con la congelación de la venta de 11.800 toneladas a precio preferencial.
Así lo confirmó anoche el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, quien agregó que el atraso legislativo afectó directamente a este sector productivo.
El precio de esto es la congelación de la cuota azucarera de 11.800 toneladas para el 2010, que se vendería a un mejor precio, según lo establecido en el TLC.
Mientras no se apruebe la reforma legal, el país no podrá beneficiarse con los precios libres de impuestos del Tratado, dijo Ruiz.
Los legisladores tenían hasta el 31 de diciembre para aprobar el proyecto 17.264, que implicaba reformas a leyes relacionadas con el tema de la propiedad intelectual.
Sin embargo, el lunes, los diputados del Partido Frente Amplio, Partido Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario presentaron en conjunto 101 mociones al proyecto de ley, aduciendo que la iniciativa va más allá de lo que el país negoció en el TLC.
Cambio a última hora. El lunes a última hora, el jefe de fracción del oficialista Liberación Nacional (PLN) presentó una moción para eliminar lo referente a productos farmacéuticos o agroquímicos.
A criterio del diputado del PAC, Sergio Alfaro, esto obedece a un intento del Comex por manipular la ley a través de decretos. Igual posición planteó el libertario Mario Quirós. Sin embargo, Ruiz dijo que quitaron la modificación porque prefieren quedarse con lo que dice el TLC, pues habían cedido en las interpretaciones del PAC y el Libertario, pero, ante las mociones que pusieron al plan, prefieren dejar la versión original.
Lo cierto del caso es que el proyecto no se aprobó a tiempo, los diputados se fueron a vacaciones y ahora tienen pendientes para el 2010 un total de 101 mociones para este proyecto de ley.
El proyecto consiste en la modificación de tres leyes: la Ley de Información no divulgada, para “nivelar”, según Ruiz, las restricciones a los productores genéricos; la Ley de Derechos de Autor, para incluir la cobertura de derechos de autor a la ejecución e interpretación de obras musicales y fonogramas, y la modificación a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, para penar, hasta con cinco años de cárcel, a quien interprete o difunda o ejecute fonogramas.
El plan nació en diciembre del 2008, cuando el ministro Ruiz negoció las modificaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, comprometiendo al Congreso a aprobarlas en última instancia el 31 de este mes, lo cual ya no ocurrirá.
