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El jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Édgar Gutiérrez, ve como una opción subir el tope al que están forzados a someterse los generadores energéticos privados en Costa Rica.
Estas compañías y las cooperativas de electrificación no pueden exceder el 15% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), hoy de 2.776 megavatios (MW). Así lo establece la Ley 7.200 de 1990.
“¿Por qué fijar un porcentaje de participación? Si hubiese una normativa para proteger los ríos y se establecieran salvaguardias... Cuando sus precios son más bajos, ¿por qué no comprarles? (...). Enhorabuena que vengan estos proyectos”, declaró el ministro.
Gutiérrez aclaró que antes de considerar el alza del tope, deben establecerse tres garantías: el resguardo ambiental, la repartición de beneficios entre las comunidades aledañas a los proyectos y los estudios sobre los efectos acumulativos de las cuencas.
Los últimos contratos que aprobó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el 2015 – por 220 MW de potencia adicional – marcan la llegada de los privados al límite máximo permitido.
Indignado. Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), demandó un alza inmediata del tope. Reclamó que su fijación es un acto discriminatorio que limita al sector privado.
“No existe justificación técnica; los topes son una decisión política. El sector está en condiciones para competir como debe”, dijo.
El ministro admitió que los particulares deben tener una mayor y más equitativa participación en el SEN –en relación con el estatal Instituto– y que podrían servir para dar mayor respaldo.
Según la época y la fuente, los kilovatios hora (kWh) de privados son más baratos que algunos producidos por el ICE, aunque en esto también existen limitaciones: en diciembre se estableció que los privados existentes –sin importar de qué fuente energética se trate– deben vender cada kWh en ¢37.
Desde que comprobó que sus precios podrían bajar aún más, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) busca modificar la metodología que se los impide, creando bandas para los privados existentes y flexibilizando el piso de la banda para las nuevas.
Con la Aresep coincide el ministro: “No apruebo que se pongan pisos. En las leyes del mercado, entre más bajos los precios, mejor competencia. Eso ayudaría a bajar las tarifas eléctricas”, dijo Gutiérrez.
Consultado sobre la posibilidad de remover el piso de la banda, Obregón se limitó a indicar que esa es potestad exclusiva de Aresep.
Hoy, el ICE genera el 74% de la energía eléctrica del país; el otro 26% proviene de los generadores no estatales y las cooperativas.
Sus topes y participación serán discutidos en la mesa de diálogo nacional.
Auge para 2015. A partir del próximo año se incorporarán al SEN cinco nuevos proyectos de generación privada, que suman 220 MW de capacidad instalada: las eólicas Chiripa, Tilawind y Orosí, y las hídricas Torito y Chucás.
Con la incorporación de estas plantas, los desembolsos del ICE a privados crecerán un 49% con respecto a este año: pasarán de ¢65.000 millones a ¢97.000 millones, según informó el jerarca del Instituto.
Además de esos contratos están en distintas etapas de trámite 110 MW hidroeléctricos y 110 MW eólicos, por parte de particulares (incluidos en el 15% permitido).
Aunque reiteró que no está contra el alza a privados, a Érick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), le preocupa que aumenten su dominio.
De hecho, exigió al Minae que la participación de las cooperativas alcance un 12%. Hoy, estas cubren el 4% de la producción del país y poseen 145 megavatios instalados, con lo cual satisfacen solo el 40% de lo que demandan sus abonados.
“Tenemos capacidad para cubrir toda la demanda de nuestro mercado e incluso dar 200 MW más”, dijo.
