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Una mayoría de los diputados están de acuerdo en permitirles a las cooperativas sacar ganancias con la administración y venta del agua potable, un bien público.
Un total de 31 congresistas (el 54% de los 57 que integran la Asamblea) avalaron con su firma el proyecto de ley 19.441. De aprobarse, les permitiría a esos entes privados administrar, construir, operar, mantener y desarrollar sistemas de acueductos y alcantarillados.
Para que ese texto se convierta en ley, requiere el voto de 29 legisladores. Por ahora, el respaldo lo han dado cinco fracciones: Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML) y Renovación Costarricense (RC).
Esta iniciativa la justifican en que las cooperativas tienen una trayectoria de “excelencia” en la prestación de servicios públicos como el eléctrico, por lo cual suponen que son capaces de administrar el agua potable.
La liberacionista Aracelly Segura fue quien presentó el proyecto en el Congreso, en diciembre. Según explicó, no fue iniciativa propia porque lo recibió de manos de la Unión Nacional de Cooperativas del Norte (Urcozon R. L. ), grupo de la zona norte interesado en el negocio.
El apoyo de Segura y de diputados como Juan Luis Jiménez (PLN) responde a que las cooperativas “se han destacado” por ser importante fuente de empleo y mano de obra, mientras que los acueductos comunales (asadas) tienen debilidad en su gestión.
En contra. Los actuales administradores del líquido no muestran el mismo entusiasmo que los congresistas con respecto al texto. Advierten de que el agua en manos privadas, en los términos planteados, sería caótico.
Hoy están a cargo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) –rector–; 1.548 asadas creadas por delegación del AyA; 28 acueductos municipales y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
A Yamileth Astorga, presidenta de Acueductos, le aterra que el país dé el paso a una apertura al servicio privado, pues, al ser el agua un derecho humano y un bien de dominio público, debe permanecer en manos estatales.
Según dijo, jamás avalaría el texto si no se modifica primero la Ley de Asociaciones Cooperativas (4.179), que obliga a esas empresas a hacer una distribución de utilidades o excedentes entre sus afiliados, de forma periódica.
“El marco jurídico del AyA, asadas y acueductos municipales define que no tenemos ningún tipo de beneficio. Todo lo que se genera debe ser reinvertido en el sistema, mientras que el fin último de las cooperativas es la obtención de las utilidades. Este servicio no debe reflejar ganancias económicas”, dijo Astorga.
Con eso coincidió Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quien dejó claro que de ninguna manera respaldaría el proyecto.
“Estamos en contra del plan; las cooperativas son organizaciones con un fin de lucro y el agua es un bien público. Es competencia exclusiva del AyA su distribución, y delegar la tarea a las asadas, organizaciones comunitarias sin fines de lucro.
“Vamos a tener que hacer un trabajo muy duro (para evitar su aprobación). No creo que la Sala Constitucional lo avale; eso se cae fácilmente. Yo espero que esto no prospere”, dijo el ministro.
Astorga recordó que la Procuraduría General de la República ha emitido dictámenes en los que reconoce el ejercicio comercial de las cooperativas frente a los terceros.
Otro punto de posible controversia es que el rector y organizador de las cooperativas es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), pero, por jurisprudencia, el AyA es rector de los operadores de acueductos.
Algunos diputados resaltan la gestión de los privados en el sector eléctrico. Empero, Astorga y Gutiérrez alegan que el acceso a la electricidad no es un bien demanial, tampoco derecho o necesidad indispensable para vivir.
Allan Benavides, gerente de la ESPH, opinó que este texto de ley es demasiado simple, si se toma en cuenta que el manejo de agua potable requiere de más responsabilidad ambiental y dominio técnico experimentado.
El texto no define, por ejemplo, qué pasaría con los activos de la cooperativa del agua en caso de que esta se disuelva, por lo que las tuberías y campos de pozos se repartirían entre los asociados. Esto pondría en riesgo la continuidad y garantía del servicio.
Defensa. El proyecto 19.441 está en trámite legislativo desde el 26 de febrero y actualmente lo estudia la Comisión de Ambiente.
Ningún diputado del Frente Amplio lo firmó. Empero, el legislador Edgardo Araya aclaró que lo aprueba “siempre y cuando, las cooperativas estén en las mismas condiciones entre ellas”.
“No le veo problema a que una comunidad se organice, pues tiene el derecho a definir cómo administrar su agua (...). Eso sí, creo que la rectoría la debe mantener el AyA”, manifestó Araya.
Según su criterio, aunque una cooperativa reparta utilidades, eso no sucedería si brinda un servicio público, pues solo se le autorizaría a cobrar para subsistir y cubrir gastos de operación.
El liberacionista Juan Luis Jiménez opinó que existe celo de las autoridades contra el texto, debido a que el AyA no está dispuesto a perder control de las asadas.
Congresistas como Gerardo Vargas, del PUSC, explicaron que su firma no necesariamente implica apoyo.
Todavía falta la discusión con diversos sectores interesados o que sean convocados por la Comisión de Ambiente.
