Juan Fernando Lara S.
Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron a la Contraloría General de la República elaborar una investigación especial sobre las condiciones en que se financió la planta hidroeléctrica Toro III, en San Carlos.
Esta obra fue desarrollada en conjunto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), mediante un fideicomiso administrado en el Banco de Costa Rica (BCR).
Los legisladores desean confirmar si los abonados del ICE y de Jasec están pagando $41 millones por la compra de un equipo que, en realidad, costó $25,6 millones; según denunció La Nación el mes pasado.
Se trata de las turbinas, generadores, transformadores y el equipo de control del Proyecto Hidroeléctrico Toro III, en Venecia de San Carlos, que aprovecha las aguas del río Toro.
Específicamente, el grupo de congresistas aprobó, de forma unánime, una moción donde piden al ente contralor esclarecer mediante una auditoría financiera y contable si se pagó un sobreprecio por los equipos y si, además, esto se hizo con la debida autorización de la propia Contraloría.
Del mismo modo, le plantean a esa institución valorar si hay base legal para que el contrato de arrendamiento de la planta se registre en la contabilidad de ambas empresas como un arrendamiento operativo y no financiero para impactar menos la tarifa de los abonados.