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Una compañía privada recopila sin permiso del MEP datos personales y las calificaciones obtenidas por los alumnos de 35 escuelas y colegios públicos.
En dichos centros educativos, la empresa RG Rogus Consultores S. A. incluso realiza trámites de matrícula como levantar las listas de alumnos y hacerles fotografías digitales.
Cada semana, un funcionario de Rogus va a las instituciones afiliadas para grabar una copia digital de la información emanada para cada alumno, con el fin de tener un respaldo en el servidor central de la compañía.
Silvia Víquez, viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), anunció ayer que el caso será investigado porque el registro de las calificaciones no puede salir del centro educativo.
Víquez sostuvo que la empresa no está autorizada para hacer trámites que, según manifestó, le competen a directores, auxiliares o educadores, como la matrícula o control de notas.
“La escuela o el colegio no puede suscribir un convenio de este tipo, solo el MEP a través del ministro (Leonardo Garnier)”, aseguró la funcionaria.
También la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación tras recibir una denuncia de un padre de un alumno del Liceo de San Antonio de Coronado.
Ahmed Tabash, vocero de la Defensoría, preció que dicha dependencia analiza si existe el consentimiento de los padres, si se condiciona la matrícula al pago de alguna cuota y si se afectan derechos de los alumnos.
Operación. Gustavo Mora Rojas, gerente de Rogus, dijo que los colegios y escuelas usan el Sistema Integral de Gestión Estudiantil (SIGE), que es un programa informático que su firma les ofrece.
Se trata de un software que le permite a los educadores generar las calificaciones de los alumnos.
Dicho programa también contiene el nombre del estudiante, la sección a la que pertenece, el reporte de ausencias, edad y los datos de sus padres (identidad, ocupación y números telefónicos).
Mora indicó que la compañía conserva un respaldo por si se daña o se roban la computadora del centro educativo.
Enfatizó que la información de cada alumno se trata con mucha discreción y solo está accesible para las autoridades del colegio.
Mora explicó que, al inicio del curso lectivo, el padre de cada estudiante da una cuota de ¢3.300 para financiar el sistema.
A cambio, Rogus da a cada alumno un cuaderno de comunicación (para que los profesores envíen mensajes a los hogares o viceversa) y un carné.
Entre tanto, al colegio se le entregan padrones fotográficos de los alumnos, los cuales son utilizados por los guardas para evitar el ingreso de personas ajenas al centro.
Mora también dijo que dona, al menos, una computadora al año a cada escuela o colegio, así como el mantenimiento de los equipos informáticos cada dos meses.
“A nadie se le condiciona la matrícula a que pague esto, si hay estudiantes que no pueden cubrir el costo igual se lo damos, pero si otro sí puede pero no quiere hacerlo entonces no lo tiene”, dijo.
Mora aseguró que firman un convenio con los centros educativos para funcionar y reconoció que no tienen el aval del MEP.
“No es un contrato, sino un convenio en donde se estipula que el colegio no tiene la obligación de pagar (en caso de que los padres no den la cuota)”, indicó Mora.
Entre los colegios que usan este servicio están: Mata de Plátano de Goicoechea; Teodoro Picado, de La Aurora de Alajuelita; Guayabo de Bagaces; Superior de Señoritas y San Antonio de Coronado.
Se intentó obtener ayer la versión del director de ese último liceo, Carlos Artavia, pero en la institución no respondieron el teléfono.
Por su parte, Rigoberto Viales, director de Guayabo, dijo que con este sistema se evita tener las notas solo de forma manual.
“Toda la información fina del estudiante no la tienen, como, por ejemplo, su situación económica y afectiva”, aseguró Viales.
Mientras, Alejandro Carballo, director del Liceo de Alajuelita, declinó referirse sobre este tema.
