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Las negociaciones para dar en concesión y modernizar los muelles de Limón y Moín están atrasadas. Hace mes y medio el Gobierno y el sindicato de Japdeva no cruzan palabra.
Aunque el diálogo estaba previsto para que se iniciara en abril pasado, el ministro de Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas, reconoció que el sindicato está muy “beligerante” y que desde hace 45 días no se comunica con los voceros oficiales.
Las conversaciones se agriaron desde que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) empezó la batalla por eliminar el pago permanente de horas extras en los dos muelles.
Esa medida reducirá los ingresos de los operarios de grúas, de portacontenedores, mecánicos y remolcadores, acostumbrados a trabajar turnos de seis horas o menos y que cobraban el resto de la jornada como tiempo extra.
De nada ha servido que el Gobierno invirtiera desde el 2007 y hasta la fecha más de ¢49.000 millones en telefonía, becas, vivienda de interés social, acueductos y carreteras para conquistar el apoyo de la provincia limonense.
Nuevo cronograma. Al choque con el sindicato se suma el atraso de la empresa consultora holandesa Royal Haskoning, que aún no entrega el plan maestro que definiría las unidades de negocio de la concesión que incluyen carga, remolcadores, turismo y servicios agregados en Limón y Moín.
Según Vargas, la consultora entregará el plan maestro a mediados de junio e inmediatamente él intentará revivir las conversaciones con el sindicato.
La Nación no obtuvo la reacción del sindicato, pues su junta directiva tiene por norma no dar declaraciones a este medio.
El calendario optimista del Ministro prevé que las conversaciones con el sindicato se extenderán como máximo hasta setiembre de este año.
Para entonces, el sindicato habría aprobado una carta de entendimiento con el Gobierno en la cual acepta dar en concesión los muelles a cambio de una millonaria indemnización.
El monto sigue sin trascender, aunque fuentes allegadas al puerto aseguran que será “muy superior” a los $32 millones que recibieron los empleados de Caldera en agosto del 2006 por entregar el puerto a una empresa privada.
Con la firma de la carta de entendimiento quedaría sin efecto la convención colectiva de Japdeva que le cuesta ¢4.300 millones al año a la administración.
Luego de la negociación vendría la redacción del cartel de licitación y la recepción de ofertas que se extendería al último trimestre del 2008.
El cartel se redactará con apoyo de la firma alemana Hamburg Port Consulting (HPC), la misma que contribuyó en la concesión de puerto Caldera.
Según Vargas, el Gobierno pretende adjudicar los puertos en el primer cuatrimestre del 2009.
Por ahora ya mostraron interés en el negocio una firma china, la danesa Maersk, y los conglomerados Evergreen y Hutchinson.
Quién se adjudique el puerto debe al menos triplicar lo que invierte Japdeva al año en desarrollo social de la provincia y que en ocasiones no supera los ¢2.200 millones.
