Emplear en labores domésticas a dos personas durante casi dos décadas pero sin pagarles seguro, al final le resultará más caro a un patrono, quien enfrenta un cobro judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢20 millones.
Los trabajadores son una pareja; la mujer realizaba labores de limpieza de la casa y el hombre le daba mantenimiento a la propiedad en una casa de playa. Ambos denunciaron al jefe al ser despedidos, tras 18 años en funciones.
Recibida la queja, la Caja procedió primero a realizar el cobro por la vía administrativa, pero el responsable no atendió. Por esa razón, la Caja acudió a la vía judicial ante la cual solicitó un embargo de salario y anotaciones sobre propiedades y otros bienes.
El caso lo contó Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS. La situación es una de las más extremas que ha conocido la institución por el alto monto que se disputa, pero ejemplifica el incumplimiento por el que actualmente 447 patronos de empleadas domésticas hacen frente a gestiones de cobro de la Caja.
De ellos, 238 se encuentran en cobro administrativo y 209 ya pasaron a la vía judicial, lo que quiere decir que tienen embargos y anotaciones en propiedades.
En total, esos empleadores deben ¢502 millones a la seguridad social, informó Picado.
Existen dos grupos de morosos: los que nunca inscribieron a sus empleadas y aquellos que sí lo hicieron, pero en algún momento dejaron de pagar las cuotas respectivas.
En cualquiera de los casos, las gestiones de cobro se inician con las denuncias de las empleadas domésticas, quienes solo deben acercarse a alguna de las oficinas de la CCSS a reportar el incumplimiento de sus patronos.
En el 2016 se hicieron 510 gestiones de ese tipo: 291 del área que atiende la sede central de la Caja, 117 en la región central (incluye comunidades como Guadalupe, Desamparados, Cartago, Turrialba, Heredia y la zona de los Santos), 6 en la región Brunca (zona sur), 49 en la Chorotega (Guanacaste), 8 en la Huetar Atlántico y 31 en la Huetar Norte (zona norte).
En opinión de Picado, la afluencia de denuncias es realmente baja, teniendo en cuenta que actualmente, de las 172.000 personas que laboran como empleadas domésticas en el país, tan solo 15.000 están inscritas con un patrono.
Otras 20.000 cuentan con seguros voluntarios o de trabajador independiente.
Para el gerente, las empleadas domésticas tienen derecho a reportar a sus patronos por incumplir con su deber de asegurarlas casi desde el inicio de la relación laboral, pues la normativa establece que el trámite debe hacerse en los ocho días posteriores al momento en que la persona empieza a trabajar en una casa.
"Algunos dicen que es que la trabajadora está en un periodo de prueba y no saben si va a durar solo un mes o dos meses. Ese es un error típico de los patronos porque la obligación nace desde que contrata a la trabajadora, entonces no hay periodos de prueba ni ninguna otra excusa", explicó Picado.
Incumplimiento tiene un alto costo
No acatar la obligación de pagar las cuotas patronales puede costarles un precio alto a los patronos, pues si alguno inscribe a su doméstica, pero detiene el pago de cuotas, se debe hacer cargo de las facturas médicas que genere la Caja por cualquier atención que le brinde a la trabajadora.
"Si el patrono entra en morosidad, la trabajadora doméstica puede ir a los servicios de salud y no va a tener ningún problema porque la van a atender, no se le va a poner ninguna barrera. Pero cuando usted sale de ese centro de salud, la Administración lo que va a hacer es facturarle al patrono el costo de los servicios que le dieron", señaló Picado.
Para Carmen Cruz, presidenta de la la Asociación de Trabajoras Domésticas de Costa Rica (Astradomes), es peligroso que los empleadores se arriesguen a no pagarle el seguro a sus empleadas.
"A veces uno cree que nada le va a pasar, pero en la de menos pasa. Por ejemplo, tenemos una compa que un día la señora (la jefa) la despidió, pero ella sí le pagaba todo (...) Después le dijo que al final no se fuera, y como a los tres días estaba limpiando un vidrio y no sabe como, pasó un perrito y le botó la escalera. Ahora lleva casi dos meses incapacitada", contó Cruz.
En el caso de que el empleador del todo no ha reportado a su trabajadora y esta lo denuncia, tras realizar una investigación, la CCSS puede inscribirla por cuenta propia y obligar al patrono a cancelar todas las cuotas atrasadas.
Si, por otra parte, la denuncia se hace luego del cese de la relación laboral, la trabajadora podría conseguir que se le sumen todas las cuotas que no se habían inscrito para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En el caso relatado por Picado, los dos trabajadores estarán 216 cuotas más cerca de tener derecho a una pensión por vejez.
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Este miércoles, la Caja habilitó una plataforma en línea para que los empleadores inscriban a las trabajadoras domésticas, cuyo costo se redujo a la mitad desde el 26 de julio. El sistema virtual permite que los patronos que tuvieran domésticas desde hace varios meses cancelen las cuotas adeudadas por los meses que pasaron sin que se hiciera el trámite.
"El sistema permite que si la contrato en marzo, usted le puede decir: 'factúremelo en esta nueva modalidad a partir de agosto, y yo reconozco que de marzo en adelante yo no la había reportado', entonces esa declaración que hace se va a enviar a la Inspección (de la Caja) y se va a tomar el caso para hacerle las planillas adicionales, por los meses que no reportó con la modalidad anterior", detalló el funcionario.