La tarde de este viernes, la UCR fue notificada sobre la declaratoria de ilegalidad de la huelga en los Ebáis de los cantones de Montes de Oca y Curridabat, emitida por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Se espera que para la próxima semana se resuelva en la misma vía la situación de los huelguistas de los Ebáis de La Unión, cuyo proceso se maneja en otro juzgado por pertenecer a otra jurisdicción, informó hace unos minutos el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen.
Con la declaratoria de ilegalidad, explicó el rector, se disuelve el vínculo laboral entre la UCR y los trabajadores, quienes podrían enfrentar consecuencias salariales si no se reincorporan a sus labores.
Según cálculos hechos por la Universidad, tras conocerse la decisión del juzgado, unos 300 trabajadores de los 450 en huelga volvieron a su trabajo.
La huelga en los 45 Ebáis se inició el 11 de noviembre como medida de protesta por el inminente despido de 450 funcionarios de la UCR. Este personal quedará desempleado en febrero, cuando la universidad estatal traspase la administración de esos servicios de salud a la universidad privada Unibe.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le adjudicó a este centro de estudios la administración de 36 Ebáis en los cantones del este, a partir del 15 de febrero del 2014. El contrato es por ¢4.900 millones anuales, por cuatro años.
Rebajarán días. "No podemos tolerar que las acciones vayan más allá de los límites de la cautela y la sensatez. Lo más sabio para las personas y en resguardo de sus propios intreses, es volver lo más pronto posible a su lugar de trabajo. Ahora, tendremos que empezar un proceso de recontratación porque el vínculo legal está disuelto", dijo Henning Jensen a este diario vía telefónica.
Según el rector, es probable que la CCSS obligue a la UCR a indemnizar a la institución aseguradora por los días de huelga. Jensen calcula que el monto de ese pago rondará los ¢275 millones.
"Como rector, estoy impedido para sacar del presupuesto ordinario la multa por incumplimiento. Ese pago tendría que salir obligatoriamente de los días no laborados", dijo Jensen.
La Nación llamó a Rosemary Gómez Ulate, secretaria general Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindéu), pero no contestó la llamada y no se le podían dejar mensajes en su grabadora.