El jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, Francisco Mora Palma, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras cuatro personas por el presunto delito de tráfico internacional de órganos, a partir del 11 de setiembre.
Las audiencias se prolongarán durante más de dos meses, hasta el 30 de noviembre, informó la oficina de prensa de la Fiscalía, ante consulta de este medio.
Según esa fuente, el caso que se tramita bajo el expediente 13-000227-1219-PE es por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, y el juicio se seguirá en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.
"Figuran como acusadas las siguientes personas: Mora Palma (nefrólogo y supuesto líder de la organización), Mauro Stamati (cirujano especialista en urología), Fonseca Guzmán, (cirujano, especialista en urología), Monge Monge, (vascular periférico) y Katsigiannis Karkasi (griego, propietario de pizzería en alrededores de Hospital Calderón Guardia), informó la Fiscalía.
Este último hombre es señalado como el aparente responsable de contactar personas en condición de vulnerabilidad económica y ofrecerles dinero a cambio de que autorizaran la extracción de los órganos.
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Mora Palma está con medidas cautelares luego del pago de una fianza por ¢100 millones. Debe firmar periódicamente en un tribunal; no acercarse, no molestar, amenazar ni coaccionar a ofendidos y testigos; tener un domicilio fijo; y no salir del país, salvo que el Juzgado Penal lo autorice por un plazo definido, informó el Ministerio Público.
Los demás imputados tienen las mismas medidas cautelares, excepto el pago de la fianza.
A Mora Palma se le detuvo en junio del 2013, en el Hospital Calderón Guardia, en San José.
En ese momento, la Fiscalía informó de que este médico –especialista en enfermedades del riñón– figuraba como el coordinador general en el país de una red internacional de tráfico de órganos.
Supuestamente, las tareas de Mora incluían la entrevista a los donantes de riñón y el financiamiento de los exámenes para confirmar la compatibilidad entre donante y receptor.
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Los procedimientos quirúrgicos aparentemente se realizaron en dos clínicas privadas de San José.
En esta situación también está vinculada una policía de la Fuerza Pública, de apellido Cordero Solano, quien supuestamente contactaba a las víctimas.
Este caso tuvo trascendencia mundial. Un mes antes de la captura de este grupo de médicos, el diario mexicano El Universal reveló que Costa Rica era centro de una importante red de tráfico de órganos.
Según el medio mexicano, la organización se escudaba bajo la mampara de turismo médico y traía personas acá para operarlas en centros médicos privados.
Los receptores de órganos provenían de Israel.
La investigación que dio con la captura de los médicos y el griego se inició en el país en el 2012, cuando llegaron los primeros informes de organizaciones policiales europeas.
Delito y pena
La ley en esa materia, publicada en 2013, define la trata de personas como la promoción, facilitación o favorecimiento de la "entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular".
Esa misma normativa define la extracción ilícita de órganos cuando no se aplican los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecida.
El Código Penal castiga la trata de personas con cárcel de 6 a 10 años, pero aumentarían de 8 a 16 años cuando medien algunas circunstancias, entre las que se incluyen que el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o función que desempeña; la víctima sufra grave daño en la salud o el hecho fuera cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.