Una “tentativa de estafa” por $2,3 millones en facturas por insumos ortopédicos justificados, aparentemente, con pacientes ficticios se convirtió en el principal fundamento para la intervención del Hospital Calderón Guardia.
Se trata de 1.022 recibos de cobro presentados por la empresa Synthes, proveedora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se originaron en aparentes adquisiciones de placas y tornillos ortopédicos que hizo el centro médico entre los años 2010 y 2011.
De esas facturas se supo hasta finales del año pasado, cuando la Caja decidió nombrar el Equipo de Transición –prácticamente con carácter de interventor– entre la salida por jubilación del entonces director, Luis Paulino Hernández, y el nombramiento de las nuevas autoridades hospitalarias.
Las facturas cuestionadas –que aún no han sido pagadas– suponen cirugías ortopédicas para 4.519 pacientes del Programa de Osteosíntesis, con el cual se hacen operaciones por fracturas utilizando placas y tornillos de titanio.
Uno de los tantos cuestionamientos sobre la validez de los recibos presentados por Synthes es que en los nombres y expedientes consignados hay una “cantidad importante de pacientes que habían sido sometidos a operaciones (en las que) no se requerían equipos ortopédicos, como ginecología, urología y oftalmología”.
Además, no tienen las firmas de los cirujanos, instrumentalistas o anestesiólogos que habrían hecho uso de los insumos.
Todo lo anterior es parte del informe de 312 páginas presentado hace dos semanas por el Equipo de Transición que estuvo frente al Calderón Guardia por seis meses.
El informe, del cual tiene copia La Nación , también revela que en el hospital hubo, en los últimos años, desde subejecuciones de partidas presupuestarias y un uso excesivo de la ‘caja chica’ hasta alquileres en los que habría conflicto de intereses.
Todo ello dio pie a la intervención del centro médico, que está vigente desde hace dos semanas.
Cuando dicha medida fue anunciada, la Caja mantuvo en secreto el informe y solo se refirió a “fallas en la gestión “para justificar la decisión tomada.
El viernes, ante una nueva consulta, la Caja señaló que por ahora no se hablará “sobre el fondo de los informes por cuanto esos documentos podrían ser base para eventuales procesos administrativos”.
A los tribunales. El caso de las facturas ya está en conocimiento del Ministerio Público, pues la Caja interpuso una denuncia penal el pasado 20 de enero. En este documento constan oficios y facturas que respaldan las quejas.
Días atrás, la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que la investigación está en trámite y que se encuentran a la espera de un informe de la Auditoría Interna de la CCSS con el fin de seguir con las pesquisas.
La Nación ya tiene copia de ese informe y en él se confirman hallazgos del Equipo de Transición.
Precisamente, ambos escritos dieron pie a la intervención del hospital por parte de la Junta Directiva de la Caja.
Justificaciones. En oficios mencionados en el informe del Equipo de Transición – liderado por el médico Taciano Lemos–, la empresa Synthes argumentó que la tardanza en la entrega de las más de 1.000 facturas de cobro al Calderón Guardia se dio por varias cosas.
Lorenzo Castaño, director general de esa empresa y su apoderado, indicó al hospital que “el personal de facturación que estuvo desempeñando dicha labor dejó acumular por un periodo importante Hojas de Consumo sin facturar”.
En una nota del 20 de setiembre de 2011, Castaño agregó como otra tra causa que la empresa tuvo problemas tanto internos como por parte del personal que daba servicio en el Calderón Guardia.
Esta semana se intentó contactar al empresario, pero en su casa informaron de que estaba fuera del país y no se sabía cuándo volvería.
Asimismo, se trató de hablar con el médico Longino Soto Boucart, jefe de Ortopedia del HCG y quien tenía a su cargo las compras de los insumos por consignación, pero no fue posible localizarlo.
Por otra parte, Raúl Valverde, jefe de Cirugía que está suspendido del cargo y tiene discrepancias con el Equipo de Transición, dijo a este diario que él había solicitado colaboración para plantear la denuncia antes de que lo hiciera la Caja.
Para ejecutar la intervención, la CCSS también suspendió a la subdirectora médica, Sandra Montero Chavarría, y al director administrativo -financiero, Marco Segura.
El HCG también ha sido objeto de cuestionamientos por médicos que serían parte de una red internacional de tráfico de órganos, salida de equipos del hospital a una clínica privada y la intervención de tres servicios médicos por fallas.
