Edwin Álvarez Quesada alguna vez fue dueño de un centro educativo privado: Comunidad Educativa Los Ángeles, en Heredia.
La escuela, que tantas satisfacciones académicas le dio, ya no existe. Tampoco la casa de Álvarez ni el terreno que quiso poner a responder ante la CCSS para pagar una deuda por cuotas obrero-patronales, que hoy ronda los ¢35 millones.
Sin casa, sin escuela y sin terreno, Álvarez atribuye su situación a la crisis del 2009 y a un trámite fallido para que la Caja le reconociera una propiedad como forma de pago.
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Hoy, su centro educativo está en la lista de instituciones educativas privadas que le adeudan más de ¢800 millones a la CCSS.
Hay otros centros que repiten su misma historia: aún afrontan las secuelas de la crisis del 2009 y, además, atienden una población de clase media baja que muchas veces saca a sus hijos de las aulas sin saldar sus propias deudas.
Álvarez ahora se dedica a otras actividades, vive en una casa alquilada y su única propiedad es un carro que le permite movilizarse en su nuevo trabajo. A la fecha, no desiste en llegar a un arreglo con la Caja.
Morosos. Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esos ¢800 millones se reparten entre 60 centros educativos privados. El monto es 37% menor al del 2015, cuando había ¢1.266 millones pendientes.
La cantidad de patronos morosos en ese sector pasó de 90 a 60 centros en el último año. Sin embargo, es un grupo de 15 el que acumula el grueso, con más de ¢469 millones.
La Nación intentó comunicarse con cada uno de esos 15 centros. Solo pudo conversar con cinco, pues los otros no tienen números telefónicos registrados o nadie contesta en los teléfonos que aparecen. Es el caso de la Fundación Colegio Bilingüe Internacional, que la CCSS registra como su segundo mayor deudor en ese sector, con ¢54 millones. Allí se dejaron tres mensajes en la recepción desde el 18 de agosto, pero ningún vocero respondió.
Otros, aseguran que la CCSS cometió un error. Uno que se encuentra en esta situación es Angel High School S. A. el cual, según la CCSS, adeuda más de ¢16,7 millones.
“La única cuestión es que coincide un nombre, pero no somos nosotros. Nosotros estamos al día. Hemos estado peleando con la Caja por años para que entienda que una cosa es esa sociedad, que se creó cuando se iba a construir un edificio que nosotros alquilamos, y que no tenemos nada que ver con ellos. Esa no es la sociedad del colegio”, dijo Ana López, directora del centro educativo.
Control. Contra estos patronos morosos, hay en trámite 54 procedimientos para cierre de negocios, 246 procesos judiciales y 78 denuncias penales.
Los primeros diez centros que acumulan la mayor deuda (55% del total pendiente de pago), tienen en camino 11 procedimientos de cierre de negocios por mora, 78 procesos y 31 denuncias judiciales, informó Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la Caja.
El funcionario explicó que la baja en la morosidad de este sector obedece a los esfuerzos por mejorar la gestión con los patronos morosos.
Aseguró que esto también se refleja en el primer semestre de este año, cuando el índice de morosidad representó un 0,42% de lo recaudado durante el mismo periodo.
En el país, cerca de 358 centros educativos privados tienen permiso del Ministerio de Educación Pública (MEP) para operar. Esto es alrededor de un 17% de los negocios en mora.
Estos dineros le permiten a la Caja financiar el mejoramiento de los servicios de salud en equipamiento, contratación de personal especializado e infraestructura hospitalaria.
La deuda total de patronos activos con la CCSS asciende a ¢54.300 millones, según el corte a julio anterior del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Aquella personas que trabajan para patronos que están morosos con la Caja podrían enfrentar problemas en la atención hospitalaria, en caso de requerir atención, ya que el centro médico está obligado a emitir una factura con el costo de los servicios prestados.
La morosidad también afecta el registro de cuotas para obtener alguna pensión por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Por tal razón, los cotizantes que trabajan con patronos deudores de la Seguridad Social corren el riesgo de tener problemas cuando llegue el momento de pensionarse.