La presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, defendió la mañana de este lunes la millonaria remodelación de la oficinas centrales de la institución, ubicadas en el centro de San José.
Se trata del edificio Laureano Echandi, propiedad de régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alquilado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢57 millones mensuales.
Según Balmaceda, la estructura, construida en la década de 1960, incumple con los requisitos del actual Código Sísmico y presenta un riesgo para los funcionarios y usuarios que la utilizan. Por ejemplo, citó la jerarca, el edificio carece de salidas de emergencia.
"Este es un tema de seguridad, pero también es un asunto de inversión y de cuidar parte del patrimionio institucional que les pertenece a los costarricenses", manifestó Balmaceda, durante una conferencia de prensa.
Asismismo, subrayó que no se trata de un remozamiento cosmético, sino más bien un mejoramiento estructural que se ha postergado desde hace más de una década.
Por ello, la jerarca aseguró que la decisión de la junta directiva de destinar ¢13.000 millones a los arreglos está más que justificada.
Por su parte, Gabriela Murillo, gerente de Infraestructura y Tecnología de CCSS señaló que la decisión se tomó con base en estudios técnicos, con el fin de procurar la seguridad de las 3.000 personas que ingresan al edificio a diario.
La semana pasada La Nación informó de que el fondo de pensiones cubriría el gasto requerido para hacerle las mejoras a la estructura, los cuales rondarían los ¢13.000 millones. Esto a pesar de que un informe de la Superintendencia de Pensiones (Supen) advirtió sobre el posible riesgo que la inversión tendría sobre la sostenibilidad del régimen.
Balmaceda negó esta mañana que ya se hubiera tomado una decisión en torno a la proveniencia de los ¢13.000 millones.
"No se ha tomado la decisión de dónde van a salir los recursos. IVM es una posibilidad porque el edificio es de IVM, pero la junta directiva, el mismo día de acuerdo, decidió solicitar a las gerencias presentar diferentes escenarios para definir el financiamiento más adecuado", externó Balmaceda.
Por su parte, José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la CCSS, desminitió que hubiera un peligro para la sostenibilidad del fondo, puesto que el arreglo representa un monto pequeño de la cartera.
"Los intereses rondan los ¢120.000 anuales, por lo que el impacto se diluye en el tiempo, siempre considerando el aumento del alquiler del edificio. Actualmente, el contrato es por ¢57 millones mensuales y lo que se espera que es que si se llegara a financiar (el proyecto) con recursoso del IVM, aumentaría a los ¢80 millones mensuales", explicó Quesada.
