El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) actualizó, en mayo del 2012, el monto por el arrendamiento de sus dos principales edificios: Laureano Echandi y Jenaro Valverde.
Ambos inmuebles albergan las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) localizadas en la Avenida Segunda, en San José.
El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es el principal inquilino de ambos edificios, propiedad del fondo de pensiones.
En el caso del primer edificio el arrendamiento mensual se estableció en ¢57,4 millones y en el segundo, en ¢72,3 millones, según una resolución administrativa suscrita por las gerencias Administrativa, Financiera y de Pensiones.
Dicha actualización se dio un mes antes de que la Contraloría General de la República publicara un informe en el que cuestionó las bajas tarifas de arrendamiento, además de ordenar que fueran establecidas a precios de mercado.
Según una estimación hecha por el ente contralor, por el alquiler anual del edificio Laureano Echandi el IVM recibió ¢25,4 millones en el 2010. Pero si la tarifa se hubiera calculado con base en el valor tributario del inmueble, este pago habría ascendido a ¢1.000 millones.
Estos inmuebles albergan a 5.058 trabajadores de la Caja, según información de la entidad.
La Nación remitió consultas sobre este tema a la Dirección de Comunicación Organizacional de la Caja, en la mañana de ayer, pero al cierre de la información no se había obtenido respuesta.
Mal negocio. Édgar Robles, superintendente de Pensiones (Supén) calificó como un pésimo negocio para el IVM el alquiler de sus dos principales inmuebles al Seguro de Salud.
“Los edificios centrales de la CCSS se hicieron con recursos del IVM. Durante décadas, la Caja solo pagó por alquiler al IVM un monto mensual ligeramente superior a ¢100 por metro cuadrado, en claro detrimento del régimen de pensiones”, afirmó el jerarca.
El IVM es propietario de otros edificios como el Jorge de Bravo y La Casona, en San José, en los que tiene sus propias oficinas.
Otros inmuebles fueron dados al régimen por el pago de deudas atrasadas con el sistema de pensiones, como la Casa Club Saprissa y Villa Cecilia, según la información de la Contraloría.