Contraloría advierte sobre falta de controles en uso de agua que realizan 28 municipalidades

Según el informe, también hay 147 tomas de agua que no cuentan con un límite de extracción del líquido.

Por ejemplo, en los gobiernos locales de Alvarado, León Cortés, Santa Bárbara y Turrialba la facturación se efectúa por medio de tarifas fijas, es decir, sin considerar el consumo de cada unidad habitacional, lo cual podría originar desperdicios del recurso hídrico por parte de los abonados sin que esta situación se refleje en el cobro correspondiente.

El informe también indica que en la mayoría de municipios no se cuenta con datos para la planificación del mantenimiento e inversión de la infraestructura de los acueductos. Además, que se carece de manuales de procedimientos para la administración y operación de los mismos.

En cuanto a las tarifas que pagan los usuarios, dice la Contraloría que existe una desactualización debido a la carencia de políticas y procedimientos para tales efectos en las distintas administraciones municipales.

La entidad recomienda a los alcaldes de esas 28 municipalidades poner en funcionamiento un proceso de medición de la cantidad de agua que se produce, solicitar ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la concesión para el aprovechamiento de las aguas de dominio público y elaborar inventarios de la infraestructura de los acueductos.

De igual manera, la Contraloría recomienda implementar procedimientos para la actualización periódica de las tarifas y disponer de reglamentación interna actualizada, requeridos para la mejora continua y la consecución de los objetivos y metas definidos en la gestión de los acueductos municipales.

Entre las municipalidades que administran acueductos están las de Abangares, Alajuela, Grecia, La Unión, Cartago, Aserrí, Flores y Upala.

El informe de la CGR surgió luego de un estudio efectuado en el año 2010, denominado "Plan Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua", desarrollado por una empresa privada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

En ese año se determinaron las carencias en el servicio de agua potable que brindan los gobiernos locales, tales como riesgos en la captación por actividades agrícolas, ausencia de información para la toma de decisiones y el rezago en la actualización tarifaria, entre otros.

Se detalló que existe incertidumbre acerca de la cantidad del agua desperdiciada, así como de los costos incurridos en trasladar y potabilizar ese recurso que se pierde o desperdicia por diversas razones, sobre el cual no se percibirá ningún ingreso.

En esa misma línea, esta semana la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para proteger el recurso hídrico y dejar en manos del Estado las fuentes de agua.

Nota de editor: Información actualizada a las 2:20 p. m.