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Entrevista

‘Se puede esperar una confrontación’

Actualizado el 14 de julio de 2013 a las 12:00 am

Carlos Madriz Vargas, jefe del Programa de Prevención y Control, Acosa

Además de la falta de recursos, los guardaparques de Corcovado ya han sido amenazados por los oreros a los que detienen. El conflicto podría crecer.

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Carlos Madriz Vargas, Jefe del Programa de Prevención y Control del Área de Conservación Osa (Acosa). Foto: Alonso Tenorio
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Carlos Madriz Vargas, Jefe del Programa de Prevención y Control del Área de Conservación Osa (Acosa). Foto: Alonso Tenorio

¿Desde cuándo notaron ustedes el aumento de la orería en el Parque Nacional Corcovado?

Desde el 2012 se empezó a detectar una actividad bastante fuerte dentro del parque.

”Eso nos ayuda a hacer una investigación interna y una serie de operativos, con lo cual, al día de hoy, podemos determinar que hay una invasión de aproximadamente 200 a 250 oreros dentro del parque nacional extrayendo oro de forma ilegal”.

¿Cuál es el grado de impacto de eso que está denunciando?

Ese oro es parte del patrimonio del Estado, pero también son graves los daños ambientales, la afectación en ecosistemas, a los cauces de los ríos, la contaminación y la remoción de material que, según nuestras estimaciones, ha sido de más de 15.000 metros cúbicos.

¿Cuáles acciones están tomando ante ese panorama?

Una de las acciones es evaluar la problemática y eso es lo que se ha hecho en los operativos: ver el grado de invasión y cuál es el impacto.

”El grupo (de oreros) supera las 200 personas y el impacto es bastante negativo, pues afecta más de 13.000 hectáreas en las cuencas del parque Corcovado”.

Las cifras revelan que ustedes hacen detenciones, pero no ha habido penalización, o al menos es casi nula y hay reincidencia.

Evidentemente, hay un grado de frustración en la labor nuestra, la operativa. La gran preocupación es que no se les aplican medidas cautelares que nos ayuden a minimizar el impacto e invasión dentro del parque nacional. Muchas personas que nosotros detenemos son puestas en libertad.

¿Quiere decir que eso le resta autoridad a los guardaparques?

El grupo de oreros se da cuenta de que el esfuerzo que nosotros hacemos de detenerlos dentro del parque, trasladarlos a una oficina de nuestra dependencia, luego a la Fiscalía de Golfito, y que allí tras una indagación son puestos en libertad a las horas, pues da motivos para que ellos puedan entrar al parque sin restricción legal.

P: Eso que usted comenta, ¿llega a oídos y escritorios de los altos jerarcas del Minae?

R: Sí, se están presentando informes. Una de las cosas importantes de los informes y operativos fue haber determinado cuál es grado de la problemática y el impacto al medio ambiente y esto ha generado preocupación a nivel central, no solo para establecer trabajos continuos, sino para generar acciones desde el punto de vista social y poder controlar la problemática.

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P: Pero, ¿cómo controlar lo que sucede si son 32 guardaparques para cuidar una zona tan grande? (Más de 45.000 hectáreas)

R: Esto es un tema a nivel nacional, no es un tema propio de Corcovado, sino un problema a nivel de sistema, de la falta de personal y recurso logístico. Los presupuestos son muy limitados e, indudablemente, nuestros compañeros no solo carecen de equipo necesario para atender los problemas. En este momento, son 13.000 hectáreas en donde hay orería y los oreros entran por diferentes sectores y con los 32 funcionarios que tenemos trabajando en el parque no se da abasto.

“Sí debo indicarle que gracias al apoyo de la Fuerza Pública, especialmente de las regiones 7 y 10, hemos podido hacer operativos especiales, pero desde el punto de vista de la institución (Minae) requerimos más recurso humano para controlar la problemática”.

P: ¿Cuál legislación es la que se debería aplicar para poder establecer penas por la orería?

R: Se aplica el Código de Minería. Básicamente, el delito principal es la extracción de oro, que no está permitida. Hay una serie de delitos secundarios, que es la invasión al parque, pero para configurar esa figura de invasión hay que cumplir varios requisitos. Normalmente, hay fiscales que lo aceptan y otros que no. Y, finalmente, está el impacto ambiental: el hecho de cortar un árbol en un parque nacional ya es un delito, y eso está en Ley de Parques Nacionales, en la Ley Forestal y en la Ley de Biodiversidad.

P: Los daños en Corcovado no solo son producto de la orería, pues también hay tala y caza ilegal en toda la zona.

R: Como va pasando el tiempo, la figura del delito ya se convierte en un planteamiento más organizado. En la península (de Osa) tenemos un problema duro en la Reserva Forestal Golfo Dulce con respecto a la organización de grupos que roban maderas en fincas del Estado. Eso ha generado un comercio, porque solo tenemos un puesto operativo con seis personas para atender el problema, el cual, en números, es de 60.000 hectáreas en la reserva forestal, más 30.000 hectáreas en tierra privada.

P: Si a la extracción ilegal de oro se le suman esos temas, las labores de control parecen prácticamente imposibles.

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R: Estamos tratando de crear planes especiales, operativos, porque el programa, con los recursos que se tiene, no puede atender todo. Se trabaja con prioridades, con los puntos más calientes que tenemos en el mapeo nuestro”.

P: ¿Cuáles son esos puntos calientes que tienen identificados?

R: Corcovado tiene dos zonas rojas: la cuenca del río Claro y los túneles; las acciones van directamente a esos sitios. En la reserva Golfo Dulce son las fincas del Estado, el sector de Santa Cecilia hasta Chacarica, así como Rancho Quemado y El Progreso.

“Igual pasa en otros sectores, como en Burica o el humedal Térraba-Sierpe. Son ecosistemas que están bajo equilibrio y tenemos que darle respuesta a eso, si no, de lo contrario, también los vamos a perder”.

P: ¿Considera, entonces, que el problema mayor está en los tribunales de justicia?

R: El cinismo más grande es que en los mismos tribunales nos han dicho: 'mire, ¿ustedes nos pueden llevar a los señores (oreros) de vuelta (de Golfito a Puerto Jiménez)? Como si esto fuera un vacilón.

A su criterio, sí hay legislación para castigar pero no se aplica.

Creo que hay una carencia muy seria de interpretación y análisis de las leyes. Para mí, la Ley de Biodiversidad es sumamente clara en las sanciones.

P: ¿Qué penas se establecen en dicha normativa?

R: Es variable de acuerdo al delito, pero las penas van desde tres meses hasta dos años, pero depende de la magnitud del hecho, los antecedentes de las personas y cómo armemos el caso y las pruebas. Con base en eso podemos pelear un juicio.

“Pero no es tanto el hecho de la pena, que sí es importante, sino la aplicación de las medidas cautelares, el criterio preventivo o in dubio pro natura.

”Un parque que es del Estado, que tiene prestigio internacional, que tiene ecosistemas que no se ven en otro sitio y que es comparable con la amazonía en Brasil... y dentro de ese concepto no se tiene claro la conciencia ambiental por parte del fiscalizador, que tiene el instrumento en las leyes para poder tomar las medidas y no lo utiliza. Para muchos fiscales, lo único que aplica en esto es el Código Procesal Penal, pero eso no resuelve el conflicto ambiental, porque para eso está el Código Ambiental.”

¿Se está aplicando en el parque la ley del más fuerte?

Nosotros esperamos una lucha legal, que es donde tiene que darse, y no una lucha confrontativa con estos grupos.

Pero ya han tenido enfrentamientos. Así lo detallan los guardaparques.

No solo eso. Si usted ve el problema en su entorno, el movimiento de oro genera grupos económicos fuertes y un gran ingreso a intermediarios que, incluso, ya están comprando el oro de Corcovado.

”Llegará un día en que la actividad sea tan beneficiosa que se puede esperar una confrontación por la lucha de territorios”.

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