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Los 17 proyectos de ley que Luis Guillermo Solís les pidió a los diputados

Actualizado el 02 de mayo de 2016 a las 08:12 pm

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Los 17 proyectos de ley que Luis Guillermo Solís les pidió a los diputados

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En su discurso de rendición de cuentas de su segundo año de gestión, el presidente Luis Guillermo Solís urgió a los diputados la aprobación de 17 proyectos de ley, que a su juicio deben ser prioritarios para todas las fracciones “más allá de las banderas políticas”.

La mitad de esas iniciativas son reformas fiscales que crean nuevos impuestos o que incrementan los actuales. También, hay planes para combatir la evasión fiscal, optimizar el uso de los recursos públicos y regular las anualidades y las pensiones excesivas:

1. Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado: Transformaría el impuesto de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravarían servicios que hoy están exentos, como los alquileres, los gimnasios y los servicios médidos privados. Además, el impuesto subiría del 13% actual al 15% en un plazo de tres años.

2. Ley del Impuesto sobre la Renta: Exigiría mayores tributos a los salarios más altos, al agregarse dos nuevos tramos de pago, de un 20% y un 25%. Además, las utilidades de las grandes cooperativas quedarían gravadas con 30% de renta y la cesantía de más de ocho años, con un 25%.

3. Impuesto a las personas jurídicas: Crearía un impuesto a las personas jurídicas en cuatro escalas: ¢64.000 para las inactivas; ¢106.000 para las que tengan ingresos anuales por menos de ¢51 millones; ¢127.000 para las que tengan ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones; y ¢212.000 para las que tengan ingresos por más de ¢119 millones. Los recursos se destinarían para la lucha contra la delincuencia.

4. Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos: Las instituciones del Estado que reflejen superávit libre al cierre del año, tendrán 24 meses para ejecutar esos recursos. Si no lo hacen, el dinero regresará a la Caja Única para amortiguar la deuda.

5. Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal: Con la orden de un juez, permitiría a la Dirección de Tributación ejecutar embargos de bienes y cuentas bancarias a los contribuyentes que califique como morosos. Además, crearía un registro de accionistas, el cual contendría a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas.

6. Ley de regímenes de exenciones: Eliminaría 219 exoneraciones fiscales. En su mayoría, serían exoneraciones que se aplicaron por una única vez y perdieron vigencia, aunque también se eliminarían otras por criterios técnicos y de actualización.

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7. Ley de Reforma a los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional:

-Los montos de las jubilaciones ya no se calcularían con base en el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses, sino en el 80% de ese promedio.

-Ninguna pensión nueva podría superar ¢3,1 millones. Hoy, ese monto se define calculando cuatro veces el salario promedio base de los puestos protegidos por el Servicio Civil.

-El monto de las pensiones únicamente se incrementará cuando el Poder Ejecutivo apruebe alzas en los salarios de los servicios públicos, con base en la inflación (indicador que mide el crecimiento o decrecimiento de los precios). No existiría la posibilidad de aumentos extraordinarios.

-Cada dos años, y no de forma anual, el Ministerio de Trabajo realizará un estudio actuarial de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

-Los jubilados que tengan una pensión que supere ¢3,1 millones deberían contribuir, de forma solidaria, con un aporte adicional, el cual oscilará entre el 25% y el 75% del excedente sobre ese monto. Entre más alto sea el excedente, más alta sería la contribución.

8. Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos: El incentivo de anualidad, por desempeño, no podría ser superior al 2,54% del salario base. Hoy, en algunas instituciones, como la UCR, pagan un 5,5%. Además, se deberían incluir metas e indicadores cuantitativos en la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, de los cuales dependería el pago de la anualidad.

9. Reforma del Delito de Soborno Transnacional: Sancionaría con prisión de dos a ocho años a quien ofrezca dádivas a un funcionario público de otro Estado para que realice, retarde u omita cualquier acto o indebidamente haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo.

La pena será de tres a diez años si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes. La misma pena aplica para quien solicite, acepte o reciba la dádiva.

10. Ley para Autorizar al ICE a Desarrollar Obra Pública: Autorizaría al ICE para que participe en la construcción de la obra pública e infraestructura nacional que requiera el país. El ICE junto al MOPT, o con cualquier otra institución estatal que se lo solicite, podría participar en la planificación, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística de obras públicas o de infraestructura tanto en el país como en el extranjero.

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11. Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de Transporte mediante Fideicomiso: Se autorizaría al MOPT, al Conavi y al Incofer a constituir fideicomisos con cualquier banco del Estado.

12. Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados:

-Las pensiones de los regímenes de Hacienda y exdiputados solo podrían ser heredadas por los hijos de hasta 25 años, siempre y cuando sean solteros y estén estudiando. Hoy, en cambio, tienen derecho de por vida los cónyuges y las hijas no casadas.

-El monto de la pensión de Hacienda y exdiputados no podría ser mayor al tope máximo fijado a los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Hoy, no existe tope, algunas alcanzan hasta ¢7,1 millones mensuales.

-Estas pensiones dejarían de crecer un 30% cada año. Los ajustes se harían con base en la inflación.

13. Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Cobro de la CCSS: Crearía un cuerpo de inspectores encargado de velar por el pago de las cuotas obrero-patronales. Además, el patrono que incumpla con esa obligación respondería personalmente por el pago de dichas cuotas. Sancionaría con penas de prisión de seis meses a diez años a quien no entregue a la CCSS el monto de las cuotas e impone otra serie de castigos a quienes oculten información o entorpezcan el cobro de las cargas sociales.

14. Reforma a la Ley que Regula a Recope: Autorizaría a Recope a destinar recursos para la investigación y posterior producción e industrialización de biocombustibles, tecnologías de hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas, no convencionales, renovables y limpias.

15. Reforma del Capítulo Único del Título VII del Código de Familia: Legalizaría las uniones de hecho entre personas del mismo sexo que tengan más de tres años de convivencia.

16. Préstamo con el Banco Mundial para pagar parte de la deuda del Gobierno con la CCSS: Aprobación de un crédito de largo plazo con el Banco Mundial por $420 millones para amortizar en casi un 50% la deuda pendiente del Gobierno Central con la Caja.

17. Creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial: Sustituiría al Conavi por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, que tendría la responsabilidad completa de la conservación y la construcción de la red vial nacional. Además, transformaría el CTP en la Autoridad Nacional de Transporte Público, que pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima del MOPT.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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