La prohibición de la FIV podría costarle al país unos ¢1.200 millones más en caso de prosperar una demanda presentada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por seis parejas que aseguran haber perdido su oportunidad de ser padres por culpa del Estado.
Carlos López y Albania Elizondo conforman una de las parejas que exige una indemnización del Estado, pues consideran que el daño que se les causó al no permitirles acceder a la técnica de fecundación in vitro (FIV) les echó por tierra todo su proyecto de vida.
“Cuando yo fui al Hospital México en el año 2003, me dijeron que la única forma en que podía tener hijos era mediante la FIV. Para entonces, ya teníamos más de tres años de intentar tener hijos y la respuesta fue la misma, que la alternativa para nosotros era la FIV”, comenta Elizondo mientras camina frente al templo católico de Grecia, en Alajuela.
Su esposo, Carlos López, va a su lado, serio, nervioso; se le nota tenso frente a la cámara; sin embargo, no esconde el reproche de que fue la influencia de las Iglesias católica y evangélica la que les impidió acceder a la técnica que les daba la posibilidad de ser padres.
López, un ingeniero de 57 años, de origen peruano y nacionalizado costarricense, dice que todavía no sabe si sentir “odio o rabia” frente a lo que el Estado les hizo a ellos y a las parejas que han encontrado la puerta cerrada para aplicar la FIV.
“Eso solo pasa aquí y en Libia; es increíble”, se queja.
Su abogado, Huberth May, facilitó el contacto con ellos, pero advirtió de que, por ahora, las demás parejas prefieren no exponerse a la opinión pública.
“Estamos solicitando como indemnización la suma de $2,2 millones (unos ¢1.200 millones). Esto es el total para las seis parejas, comprensivo de daño moral objetivo y subjetivo, daño material, afectación al proyecto de vida, costas”, detalló May.
Prohibición y condena. Tanto May como su colega, el jurista Boris Molina, representan a estas 12 personas que tienen más de una década de pelear en estrados judiciales por el derecho a acceder a una técnica permitida en todos los demás países del hemisferio occidental.
La fecundación in vitro fue prohibida desde el año 2000 por la Sala Constitucional.
De prosperar esta demanda, el Estado costarricense afronta la posibilidad de tener que indemnizar, por segunda ocasión, a parejas afectadas por el impedimento para aplicar la FIV.
El 28 de noviembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo, en el que, además de ordenar al Estado costarricense un cambio en su normativa interna para permitir la aplicación de la FIV, también ordenó el pago de una indemnización que rondó los $20.000 para cada uno de los 20 demandantes en ese momento.
Si se concreta esta demanda y la Corte IDH acepta la petición de estas otras seis parejas, el Estado tendría que sumar a la cifra ya pagada un monto adicional que rondaría los ¢1.200 millones.
Para el abogado May, la posibilidad de que prospere la querella es alta, en vista de que existe una sentencia anterior bastante clara y que la Corte ha reiterado su exigencia de que se cumpla con la directriz de permitir la FIV, vista por ese tribunal internacional como un derecho humano.
Esto quiere decir que la prohibición para aplicar la FIV le habrá costado al Estado más de ¢1.500 millones en solo dos años, pues las condiciones legales que derivaron en la primera condena, no han cambiado.
Intento estéril. El Estado costarricense ha tratado de cumplir la sentencia de la Corte, tanto con mecanismos desde el Poder Legislativo, como con otros a la mano del Poder Ejecutivo.
No obstante, las resoluciones de la Sala Constitucional y las posiciones religiosas de sectores cristianos, representados en el Congreso, han cerrado la puerta a la posibilidad de cumplir.
Cuatro proyectos de ley han chocado contra el muro ante la negativa de las fracciones de diputados evangélicos de permitir su avance al plenario.
El 10 de setiembre pasado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que permitía la aplicación de la técnica de fecundación, pero una acción de inconstitucionalidad del legislador evangélico Mario Redondo, dio pie a la Sala para frenar el proceso.
En tanto, la demanda de estas seis parejas sigue en la Comisión y el Estado costarricense tiene hasta este 18 de noviembre para demostrar que acató el fallo de la Corte y que permite la FIV; algo, por ahora, lejos de ser verdad.
