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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recibió, por tercera vez, la orden de un juez para reinstalar a una funcionaria a la que pretendía despedir luego de que ella denunciara posibles irregularidades en la entidad.
Se trata de la resolución 177-2017 d el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, emitida el 2 de mayo.
Esa decisión confirma un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, del 17 de marzo, en el cual se acogió la medida cautelar solicitada por la abogada Gabriela Sánchez Rodríguez, quien labora en la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales del ICE para frenar una gestión de despido del Instituto en su contra.
El ICE decidió cesarla de sus labores, aparentemente, porque la abogada se negó a modificar un criterio jurídico en el cual sugirió rebajar el salario a 300 empleados de la entidad que ganaban como jefes, aunque ya no ejercían funciones de jefatura.
La funcionaria, además, informó del hecho a la Contraloría General de la República y acudió al Tribunal Contencioso.
Estas situaciones derivaron en la gestión de despido del 19 de julio 2016, momento en que ella se hallaba incapacitada.
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Para frenar su separación del Instituto, Sánchez acude a la vía judicial. Así, el 7 de agosto del 2016, el Tribunal Contencioso le ordenó al ICE suspender el despido y reinstalar a la abogada en su puesto al acoger una medida cautelar provisionalísima presentada por la afectada.
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Personal del ICE en una marcha en octubre por San José. La Administración informó a los trabajadores de la opción de acogerse a la movibilidad laboral voluntaria, ese plan expira en agosto. | DIANA MÉNDEZ. (Diana Méndez.)
El ICE, empero, no la acató plenamente pues reubicó a la abogada en la oficina del Fondo de Garantías y de Ahorro de la entidad. La abogada volvió a acudir a los tribunales por el hecho, aunque mientras tanto realizó las labores asignadas.
El 17 de marzo 2017, el Tribunal Contencioso ordenó por segunda vez al ICE reinstalar a Sánchez pero tampoco se concretó.
Cuatro días después, el 21 de marzo, Sánchez solicitó una ejecución forzosa de la resolución del 17 de marzo. Al día siguiente, Germán Calderón Lobo, apoderado del ICE en el caso, apeló la resolución.
No obstante, el 2 de mayo, la solicitud del ICE fue rechazada, ahora por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, el cual confirmó la sentencia del 17 de marzo que ordenaba al ICE reinstalar a Sánchez en su puesto original, en la División Jurídica.
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Interés entre legisladores
A raíz del caso, el diputado Jorge Arguedas, del Partido Frente Amplio, había solicitado al presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, informarle si en su condición de jerarca de la Institución giró instrucciones para negar la reinstalación de Sánchez, según consta en el oficio JAM-FFA-112-2017 del 23 de marzo anterior.
Arguedas también solicitó las razones de hecho y derecho para no dar cumplimiento a las órdenes judiciales. A falta de respuesta, Arguedas presentó un recurso de amparo por violación al derecho de información.
La semana anterior, la Sala Constitucional dio admisibilidad al recurso el cual tramita en el expediente 17-006533- 0007-CO y, pidió a Obregón rendir informe en los siguientes tres días hábiles.
El despido de Sánchez también motivó el año pasado el pronunciamiento de 12 diputados de cinco fracciones, quienes enviaron una carta al presidente Luis Guillermo Solís para pedirle que investigara la "persecución laboral y política" contra la funcionaria.
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