El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga una denuncia por posible violación a la libertad del voto, caso que tramita de manera confidencial.
Se trata de un caso presentado ante ese organismo el 12 de febrero –10 días después de la elección en primera ronda– y remitido a la Inspección Electoral.
Al ser secreto, no hay acceso al contenido de la demanda y, por el momento, la única información emitida por el órgano electoral dice que se trata de una “denuncia por hechos que podrían configurar la conducta tipificada en el numeral 279 del Código Electoral”.
Dicho artículo establece penas de prisión de dos a 12 meses para aquellas personas que traten de influir en el votante por medio de dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas.
Juan Luis Rivera, letrado del TSE, explicó que ese ente tiene facultad para declarar “confidenciales” los casos en los que la conducta denunciada podría convertirse en delito, lo que obligaría a enviar el expediente al Ministerio Público.
“No se dan detalles por el daño que se le causaría a la persona denunciada si al final no se le vincula con ninguna responsabilidad”, explicó el funcionario.
El carácter de confidencial también se le otorga para proteger la información de testigos y las pruebas que, eventualmente, solicitaría el Ministerio Público.
El TSE también declaró confidencialidad en un caso de supuesta compra de votos en Puntarenas.
La queja ingresó como recurso de amparo electoral el 22 de enero pasado; empero, el Tribunal la tramita como denuncia y la trasladó a la Inspección Electoral.
Juan Luis Rivera agregó que otra demanda confidencial que se tramita es la relacionada con la fuga de papeletas para las elecciones de segunda ronda, el 6 de abril.
Desde la convocatoria a elecciones, el 2 de octubre pasado, hasta el 6 de abril, el TSE abrió expediente a 105 asuntos contenciosos. De estos, 11 expedientes aún permanecen en la Inspección y seis en estudio.
Héctor Fernández, director del Registro Electoral, informó de que mediante la línea 800-Elector se recibieron 4.220 llamadas durante el proceso electoral.
De ellas, 2.462 se relacionaron con consultas sobre centros de votación, 403 correspondían a asuntos varios y 1.355 a denuncias.