Si un partido obtiene un 4% de la votación en las elecciones del 2014, tendría derecho a una contribución de ¢1.000 millones del Estado, según las reglas actuales.
Con este y otros argumentos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) conversa con bancos públicos y privados, en busca de que estos presten dinero a los partidos durante la campaña electoral.
El diálogo obedece a que, a dos meses de que empiece la contienda, el 2 de octubre, la Sala IV mantiene suspendido el uso de los bonos de deuda política, la garantía que usaban las agrupaciones para obtener créditos bancarios.
Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, sostuvo que hoy la deuda política equivale a ¢36.000 millones, y que las fórmulas de financiamiento dependerán de la creatividad de los partidos y de los requisitos bancarios.
Los bancos se han acercado a conversar. El gran escollo es qué garantías pueden ofrecer los grupos políticos para obtener créditos de ¢3.000 millones, ¢4.000 millones o ¢6.000 millones, como hicieron en las elecciones del 2010.
En aquella ocasión, usaron como fianza las emisiones de bonos autorizadas por el TSE, expectativas de pago respaldadas en el eventual pago de la deuda política.
Las otras fuentes de financiamiento son insuficientes, coinciden dirigentes de todos los partidos. Hoy, las donaciones de personas físicas no alcanzan para cubrir, por ejemplo, los gastos en publicidad, que consumen casi un 40% de los costos electorales.
Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), comentó que es factible otorgar créditos a los partidos sin bonos, posiblemente, con base en la intención de voto que cada uno perciba en las encuestas, a partir del 2 de octubre.
“Ahí empezamos a medir el nivel de aceptación de cada partido y, con base en eso, se calcula lo que se puede financiar con un porcentaje alto de seguridad”, dijo Serrano.
Sin embargo, todavía es necesario definir detalles como saber qué pasará con la deuda política, pues los diputados evalúan la posibilidad de reducirla de ¢36.000 millones a ¢24.000 millones.
Según Serrano, en las últimas dos campañas, casi todos los partidos fueron buenos pagadores.
Buscan salida. La Asamblea Nacional de Liberación Nacional (PLN) ya autorizó pedir un préstamo en un banco o una financiera, que sería garantizado con la porción de deuda política que le corresponda.
El monto todavía no está determinado, dijo Alex Sibaja, tesorero del Partido. En la campaña pasada, el PLN gastó unos ¢8.000 millones.
Humberto Piedra, jefe de campaña de la Unidad Social Cristiana (PUSC), confirmó conversaciones con bancos. “El Partido, en algún momento, tendrá deuda política. Se explora la posibilidad de trabajar con los bancos con base en ese derecho. Cedo el derecho que tenga el PUSC en la deuda en un 50% o por completo, y sobre eso me prestan”.
Además, evalúan la posibilidad de que un simpatizante preste un terreno para depositarlo como garantía ante el TSE y acceder al financiamiento adelantado, que equivaldría a unos ¢400 millones.
Olivier Pérez, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), mantiene la esperanza de que la Sala IV resuelva el asunto de los bonos, que fue suspendido por una acción de inconstitucionalidad. No obstante, buscarán otras opciones.
Lo mismo opina Óscar López, candidato de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE): “No pierdo la esperanza de que los magistrados capten el mensaje de que esta no es la forma de acabar con los bonos”.
José María Villalta, aspirante del Frente Amplio, sostuvo que buscarían un préstamo o una garantía para acceder a la deuda adelantada. El grupo solo se alimenta de pequeñas contribuciones de los partidarios.
A inicios de año, el TSE propuso a los diputados crear espacios gratuitos para partidos en radio y TV, así como duplicar la deuda adelantada , pero el plan no prosperó.