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Sobre guía redactada para "iluminar" al electortado

TSE: Iglesia puede tomar posición sobre temas de interés para Costa Rica

Actualizado el 16 de octubre de 2013 a las 01:32 pm

Foros de reflexión promovidos por los católicos son válidos

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TSE: Iglesia puede tomar posición sobre temas de interés para Costa Rica

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La Iglesia católica puede emitir criterios sobre los problemas sociales del país y puede opinar en temas relacionados al orden público.

En total se imprimieron 20.000 copias de la guía Rehabilitar la política.
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En total se imprimieron 20.000 copias de la guía Rehabilitar la política. (Archivo.)

Bajo esa concepción, para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la Iglesia no ha faltado a ninguna norma del Código Electoral, con la publicación de la guía Rehabilitar la política.

El texto fue presentado ayer martes y pretende "iluminar" a los votantes para las elecciones presidenciales del próximo año.

Juan Luis Rivera, de la oficina de Letrados del TSE, manifestó que el órgano electoral no puede aplicar censura previa a las informaciones que se difundan, razón por la cual, los católicos podrán acceder al documento sin ningún problema.

"El Tribunal no puede hacer censura previa sobre la información que se difunda, sobre la propaganda o las manifestaciones de los ciudadanos. No está prohibido que la Iglesia católica tome posición sobre los problemas sociales del país", señaló Rivera.

El funcionario del TSE aclaró que si algún ciudadano considera que la guía transgrede las normas constitucionales puede presentar la denuncia ante el Tribunal para las investigaciones respectivas.

Al consultarle sobre los foros que se harán con los miembros de los grupos apostólicos y pastorales para conversar el texto consideró: "Hay una libertad para hacerlo en tanto no dañe la moral o se utilice como medio de propaganda".

El Código Electoral estable, en su artículo 136, que "es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas".

La misma normativa, en el artículo 289, establece una sanción que va de los ¢3.5 millones a los ¢18 millones (de 10 a 50 salarios base) a quienes realicen, entre otras, propagandas ilegales.

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Manuel Herrera F.

manuel.herrera@nacion.com

Periodista de Entretenimiento y cultura

Periodista en el suplemento de Viva de La Nación. Bachiller en Periodismo en la Univerdad Latina. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Escribe sobre televisión, farándula y temas de entretenimiento. 

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