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Guácimo. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se sacude de cualquier responsabilidad por los gastos que las instituciones del Gobierno hicieron en fiestas en la Navidad del 2014, pues asegura que desde inicios de gobierno ordenó practicar la austeridad y, ahora, con la nueva directriz prohibitiva, solo quiere “cerrar el portillo definitivamente”.
“La Administración había tomado las medidas del caso apelando a que hubiera gran mesura en gasto público (durante el 2014). Lo único que estamos haciendo ahora es aprovechando esa coyuntura”, dijo el mandatario en relación con la orden de no dedicar dinero público para celebraciones navideñas o de fin de año 2015.
Solís emitió esta semana tal directriz, después de conocerse los planes en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de pagar con dinero público fiestas para sus empleados.
Ayer, en una visita al campus de la Universidad Earth en Guácimo, Solís atendió consultas de la prensa sobre este tema y, tras insinuar la responsabilidad de gobiernos anteriores sobre el otorgamiento de privilegios, señaló que ahora los tiempos obligan a ser austeros.
“Hace 30 años o 25, o 10 años, cuando se negociaron estas convenciones, es probable que en la ética, los cuestionamientos no hubieran sido iguales a los de ahora. La sociedad lo toleró y lo toleraban los partidos políticos. Ya no, ya no lo toleran la sociedad ni las instituciones contraloras y me alegra que tampoco los partidos políticos, y que ahora se suman a la propuesta del Gobierno de prohibirlo todo”, declaró a los periodistas en alusión a los apuros fiscales actuales y el debate sobre uso del dinero público.
“Insistiremos en que estas cláusulas se eliminen. No con enfado ni buscando lastimar a los empleados, sino conveciéndoles de que estamos en otro momento de la vida nacional (...). Sí va a haber un mantenimiento de esta tesis hasta el final con cláusulas que se consideren abusivas o privilegios indebidos. Y cuando no haya voluntad de cambiarlos, apelaremos a los Tribunales de Justicia, como ha sido el caso de Recope” agregó.
Se refería así a la decisión reciente de la presidenta ejecutiva de Recope, Sara Salazar, de impugnar ante la Sala Constitucional el artículo de la convención colectiva institucional que permite hacer fiestas con cargo al presupuesto público. “Todos los ángulos están cubiertos”, se ufanó Solís este jueves.
