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El Frente de Organizaciones Gremiales de Trabajadores, Pensionados y Jubilados del Poder Judicial prepara un paro de labores y una marcha hacia la Asamblea Legislativa, el próximo lunes, para protestar en contra de la iniciativa que reforma el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de ese poder de la República.
Así lo confirmó Jorge Luis Morales García, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), quien explicó que se trata de una reacción a una decisión de la Comisión Especial de Pensiones del Congreso, que el miércoles pasado acogió un nuevo texto para el proyecto de ley de reforma a las pensiones judiciales.
"Estamos unidos totalmente. El lunes se va a paralizar el Poder Judicial, a nivel nacional. Desde las 11 a. m. vamos a estar reunidos en el bulevar, gente de todas las partes que puedan venir, los empleados de Puntarenas, San Ramón, Santa Cruz.
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"Esto depende de la organización y del compromiso individual de las personas. Luego, iniciaremos una marcha del bulevar hacia la Asamblea. Nuestra posición es que se retire (de la comisión de diputados) el nefasto proyecto que prácticamente significa el cierre del régimen, sería la punta de lanza para la privatización de las pensiones en este país", dijo Morales.
Esa iniciativa, construida por la Superintendencia de Pensiones (Supén) y acogida por siete votos contra uno de los miembros del panel legislativo, plantea reformas como el incremento de la edad mínima para pensionarse, de 62 a 65 años; un nuevo cálculo de la pensión, con base en todos los salarios recibidos por el empleado durante su vida laboral y no solo los 24 últimos mejores salarios, además del traslado del fondo a la Caja Única del Estado.
Además, la propuesta establece un tope máximo de ¢3,9 millones para las pensiones judiciales y una contribución solidaria del 30% sobre todas las pensiones, actuales y futuras.
En cuanto a las cotizaciones, la Supén no sugirió cambio alguno, pero amarró lo aportado por el Estado al mismo porcentaje que le dé al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El representante gremial añadió que se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, por considerar que acoger el texto de la Supén significa una violación al principio democrático y a convenios internacionales ratificados por Costa Rica.
"El estudio de la Supén no tiene apoyo técnico. Consideramos que el superintendente (Álvaro Ramos) se extralimitó, su función es de contralor, no de proponente de reformas", indicó Morales.
A criterio de los gremios, antes de acoger ningún texto y desechar el que esas organizaciones habían propuesto, los diputados debieron hacer las consultas a los sectores correspondientes, entre ellos los sindicatos, la Corte Plena y otros que se vean implicados en las reformas a las pensiones.
Una de las consignas del Frente Gremial es que los legisladores tienen que esperar los demás resultados del estudio actuarial que prepara el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
"Hay que esperar ese estudio, las propuestas, es el mismo procedimiento que se espera, de forma prudente, en el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Creímos que los diputados lo iban a hacer de buena fe, pero nos zafaron la tabla", comentó Morales.
La Nación solicitó una reacción de los magistrados, respecto al movimiento que promueven los gremios, sin embargo, no se tuvo respuesta, según informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
Quien sí envió una opinión al respecto fue Carlos Montero Zúñiga, representante de los trabajadores ante el Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial.
"Expresamos nuestro respeto por los derechos gremiales, pero hacemos un llamado para no afectar los servicios públicos", indicó Montero.
Diputadas: 'no hay razones para ese llamado'
Tanto Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), como Marcela Guerrero, de Acción Ciudadana (PAC), opinaron que no hay una razón válida para que los gremios judiciales llamen a paro ni para que paralicen los servicios que se prestan en los diferentes circuitos judiciales del país.
Ambas son parte de la Comisión Especial de Pensiones que desde setiembre discute la reforma posible a las pensiones del Poder Judicial y que, el miércoles, acogió como texto base de discusión el propuesto por la Superintendencia de Pensiones.
Tanto Piszk como Guerrero confirmaron que ya se negoció, con los jefes de las nueve fracciones legislativas, una moción para extender nuevamente el plazo de esa comisión especial, que llegaría hasta finales de julio, con tal de esperar los nuevos informes y recomendaciones de los actuarios de la UCR.
"Me parece que no es necesario ese paro de labores. No veo razón alguna para que llamen a huelga, tenemos que
discutir todas las alternativas. Ya una vez se acogió como texto el de los gremios, pero no logramos acuerdos con ese texto. Esta es una alternativa, pero me tiene muy preocupada esa actitud de algunos sindicatos, cada vez que intentamos discutir algo, creen que ya se va a aprobar y llaman a la gente para asustarla", dijo la liberacionista.
Guerrero adujo que no entiende la motivación de los funcionarios judiciales y consideró que están alejados de la realidad. Ella enfatizó que ya de buena fe le han dado tiempo a la UCR, han extendido el plazo y aseguró que el superintendente Ramos confirmó que los productos ya entregados por los actuarios académicos son suficientes para proceder con una reforma legal.
La oficialista apuntó que, en lugar de inflamar los ánimos de los trabajadores judiciales con información falsa, los gremios deberían estar informando que el Congreso intenta que se mantenga viva la expectativa de pensión para los funcionarios del Poder Judicial.
El nuevo plazo para que la Comisión Especial de Pensiones siga viva se discutirá entre lunes y martes próximos en el plenario legislativo. De lo contrario, ese panel legislativo fenecerá el próximo miércoles 5 de abril y los diputados miembros tendrían la obligación de emitir un dictamen ese día, con base en el nuevo texto propuesto por la Supén.
