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Quienes viven detrás de las rejas saben que ahí las oportunidades son un bien escaso.
Por eso Jasmina López Ferreti no quiere desaprovechar la oportunidad que ahora tiene.
Esta mujer se vinculó al narcotráfico, tras venir a Costa Rica desde Nicaragua, con cuatro niños en los brazos.
Su deseo de buscar una mejor vida no bastó para encontrar trabajo y costear los estudios de sus hijos.
“Yo compraba poquitos, nunca me metía con narcos grandes y era para ayudarme con los estudios de mis hijos. Llegaba a un lugar, compraba y luego la revendía”, recordó la privada de libertad.
López fue capturada por la Policía en dos ocasiones, lo suficiente para alejarla de sus hijos y enfrentar una pena de ocho años en el centro penal El Buen Pastor.
Ahora forma parte del grupo de privadas de libertad que confeccionan las placas para vehículos en el Registro Nacional.
“Me mandaron para acá hace tres años y he tenido la oportunidad de salir adelante y de construir un proyecto que siempre he querido, que es de costura”, manifestó.
A sus 53 años, tres meses separan a López de la libertad. Ya ansía con la llegada de esa fecha para montar su propio negocio.
“Para mí lo más importante después de Dios son mis hijos, ellos me han enviado cartas y yo les pedí perdón por lo que había hecho”, aseguró López.
“Trabajar es la mejor manera de sobrevivir, vendiendo en las calles, aunque sea empanadas, pero ganarse la plata bien y no caer en las drogas”, finalizó
Un acuerdo entre el Registro Nacional y la Dirección General de Adaptación Social le abre una nueva puerta a estas reclusas.
Las beneficiadas forman parte de un convenio establecido en 1999, para permitirles a las privadas de libertad la opción de trabajar en la elaboración de placas.
Aunque las mujeres no reciben un salario por su trabajo, sí les brindan un incentivo quincenal de ¢130.000.
“El convenio establece que pueden integrar el programa seis mujeres que estén bajo el régimen de confianza. A ellas se les somete a un proceso de entrevistas, ya que no permitimos la participación de personas que tengan antecedentes de estafas y cosas así”, explicó Rafael Espinoza jefe del Departamento de Placas del Registro.
La mayoría de las integrantes están presas por delitos de narcotráfico y permanecen con el proyecto hasta que cumplan con su pena.
Según recordó Espinoza, una de las beneficiadas con una condena elevada, estuvo en el proyecto por siete años. Cuando cumplió el tercio de la pena, recibió la posibilidad de salir a trabajar al Registro.
“Todas ellas están en un centro donde les ponen condiciones. Por ejemplo, tienen que ir a dormir un día a la semana, y los demás días duermen en sus casas”, aseguró.
