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Presidente Solís pide reformar impuestos de ventas y rentas sin mencionar el tema del empleo público

Actualizado el 03 de mayo de 2017 a las 04:10 pm

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Presidente Solís pide reformar impuestos de ventas y rentas sin mencionar el tema del empleo público

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El presidente Luis Guillermo Solís a su llegada al Congreso, en compañía de la primera dama, Mercedes Peñas. A la izquierda, el diputado del PAC Marco Vinicio Redondo. (Diana Méndez)

En su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, el presidente Luis Guillermo Solís reiteró que el país vive una "frágil situación fiscal" que podría detonar, por ejemplo, con un aumento en las tasas de interés que cobran los bancos.

Ante ello, solicitó de nuevo a los diputados aprobar reformas a los impuestos de ventas y rentas para subir los ingresos del Estado. Se los pidió sin hacer mención alguna a una condición que los diputados de oposición había puesto antes de subir los tributos: reducir los beneficios salariales del sector público.

"El Gobierno ha reducido el déficit pero aún así, los niveles actuales de endeudamiento presionan fuertemente las finanzas públicas y comprometen las perspectivas de desarrollo en el mediano plazo", dijo el mandatario.

Sostuvo que la tasa de crecimiento económico pasó de un 3,7% en el 2013 a un 4,1% en el 2016; que los ingresos estatales subieron de un 14,2% a un 14,6% del PIB en el mismo periodo y que se han reducido las tasas bancarias, pero eso no basta.

"Naturalmente, este reconocimiento es fruto del buen manejo macroeconómico; no obstante, es mi deber recordar que las presiones al alza de las tasas de interés han sido contenidas hasta el momento y que la frágil situación fiscal podría detonar en el aumento del pago de los créditos", declaró.

Añadió que el déficit fiscal pasó de un 5,4% del producto interno bruto (PIB) en 2013 a un 5,2% en 2016, pero no mencionó que en el 2015, rozó el 6%.

"A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Hacienda para contraer el gasto y aumentar los ingresos sin nuevos impuestos, la deuda del Gobierno central al cierre del 2016 ascendió a 44,9% como porcentaje del PIB".

"El país sigue requiriendo que ustedes, diputadas y diputados, otorguen los instrumentos faltantes para alcanzar la necesaria gobernabilidad fiscal que necesita el país: me refiero a la conversión del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado y la reforma a la ley de impuesto sobre la renta".

"Conforme el tiempo transcurra, el país requerirá de un ajuste fiscal más severo con graves consecuencias para toda la población, especialmente debido al aumento de las tasas de interés que habrán de pagar por sus créditos. Adicionalmente, por la reducción en la calificación de riesgo país, que encarecerá el acceso de recursos externos.

Agradeció a los diputados las reformas aprobadas en temas como el fraude fiscal y las pensiones de lujo, pero les dijo que "el país sigue requiriendo el compromiso de todas las fuerzas representandas en la Asamblea Legislativa para concluir pronto con la modernización de las leyes fiscales, especialmente la conversación del impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado y la reforma a la ley de impuesto sobre la renta".

El Ministerio de Hacienda estima que estas reformas generarían el equivalente al 1,6% del PIB, unos ¢520.000 millones, lo cual ayudaría a aliviar el déficit fiscal y la elevada carga de la deuda, pero sería insuficiente para resolver el problema.

A principios de este año, el Gobierno retiró de la agenda legislativa el proyecto de ley de empleo público, de la liberacionista Sandra Piszk, alegando que no tenía viabilidad política.

En ese mismo momento, desistió de sus reformas originales a los impuestos de ventas y rentas y elaboró versiones más modestas, con el fin de que facilitar su aprobación.

¿Qué implican las reformas a los impuestos propuestas por el Gobierno?

1- El impuesto de ventas se transformaría en impuesto sobre el valor agregado (IVA), pero manteniendo la tasa en un 13%. El cambio consiste en que se aumenta la base impositiva, es decir, se cobrará el tributo a una mayor cantidad de bienes y servicios. Tal es el caso de servicios turísticos, de abogados, alquileres y gimnasios.

¿Qué servicios hoy exentos grava el proyecto original sobre IVA?

-Todas las actividades culturales, deportivas, artísticas, educativas y recreativas, con fines de lucro.

-Los alquileres, pero quedarían exentos si son iguales o inferiores a un salario base: unos ¢410.000.

-La electricidad, excepto si el consumo es residencial y si es igual o inferior a 250 kilovatios/hora.

-El agua, excepto si el consumo es residencial y si es igual o inferior a 30 metros cúbicos. El agua envasada sí sería gravada.

-En el caso de las actividades turísticas, el proyecto proponía exonerarlas durante el primer año de vigencia de la ley; cobrarles un 5% para el segundo, un 10% para el tercero y un 15% a partir del cuarto.

-Quedarían exonerados el transporte público regulado, las ventas de las empresas instaladas en las zonas francas y las inversiones e intereses del sistema financiero.

2- En el caso de educación y salud, se cobraría un IVA del 4%.

3- Se devolvería el tributo cobrado a la población ubicada en los tres primeros deciles económicos, es decir, los más bajos. En el texto original, estaba dispuesto a reembolsar dinero hasta las personas ubicadas en el cuarto decil:

-En los primeros tres deciles entran las personas cuyos hogares perciben hasta ¢342.000 mensuales

-En los primeros cuatro deciles entran las personas cuyos hogares perciben hasta ¢447.000 mensuales (según la última Encuesta de Hogares del 2013).

4-En el proyecto anunciado por el Gobierno, además se propuso subir en un punto el impuesto selectivo de consumo, que se cobra sobre bienes de lujo o suntuosos, como los licores, cigarrillos y vehículos.

Por ejemplo, ese tributo sería del 96% para los cigarrillos, es decir, que si una cajetilla cuesta ¢500, debe pagar ¢480 más por ese gravamen.

En el caso de los vehículos nuevos, el impuesto subiría del 15% al 16%, o sea, que se debe pagar ¢160.000 por cada millón.

5- En el caso del impuesto de renta, se propone incluir una tarifa del 12% a las ganancias de capital, es decir, a las que se generan mediante inversiones como compra de bonos o acciones. Actualmente, el tributo de renta para las ganancias de capital es de un 8%, mientras que para los salarios alcanza hasta un 15%.

Ante la intención de algunos diputados de ligar los ingresos por el impuesto a ganancias de capital a un destino específico, el jerarca solicita a los legisladores no hacerlo, sino fijar solo un porcentaje de los ingresos a ese rubro.

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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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